Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

Incuestionable educación gratuita


Por PABLO LINDE (El País)

En unos tiempos en los que casi todo está en cuestión, a nadie se le había ocurrido cuestionar si la educación debe de ser obligatoria y gratuita. Pareció hacerlo el lunes Esperanza Aguirre cuando planteó que, si lo es en una fase, “a lo mejor no tiene que serlo en las demás”. Pero solo pareció. Más tarde matizó y dijo que se refería a estudiar un máster, algo que ratificó ayer su consejera de Educación, Lucía Figar. Los másteres, sin embargo, nunca han sido ni obligatorios ni gratuitos. Lo único que está así establecido son los 10 años de formación que van desde los 6 a los 16. El resto, con más o menos financiación pública, es voluntario. Descartado que la presidenta de la Comunidad de Madrid hable sin saber lo que dice, ¿a qué se refería exactamente?

Probablemente solo ella lo sepa. El PP, a través de sus portavoces, se afanó en aclarar que el partido asegura la educación universal y gratuita, algo que por otro lado está recogido expresamente en la Constitución. El debate estaría, pues, en establecer hasta dónde llega la educación básica y qué papel debe tener el Estado más allá. Con la ley en la mano, ni la previa a los seis años ni la posterior a los 16 lo es, aunque en la práctica buena parte de la formación a estas edades está totalmente financiada por las Administraciones. Pocos expertos cuestionan que el bachillerato o la educación infantil (de tres a seis años) ha de ser gratuita, como ahora sucede. Pero sí hay opiniones variadas respecto a en qué medida se debe financiar la enseñanza anterior (de cero a tres años) y posterior, la universidad, en la que el estudiante paga solo entre un 15% y un 20% del coste real.

La gratuidad del primer contacto del niño con algo parecido a una escuela, entre cero y tres años, es una lucha social que va ganando batallas en España, pero queda muy lejos de estar establecida. Los argumentos para promoverla están por un lado en el sentido de facilitar la igualdad de oportunidades laborales del hombre y la mujer, a la que se le facilita la carrera profesional si el hijo es atendido a edades tempranas. También hay razones de orden educativo. Según explica Mariano Fernández Enguita, jefe del departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, hay mayor correlación entre la condición social y el éxito laboral de una persona con su escolarización infantil que con la superior. “Es una cuestión estadística, habría que ver si a esa persona le va bien porque recibió una educación a muy corta edad o si resulta que las familias que escolarizan a sus hijos desde bien pequeños son las que ayudan de alguna forma a este éxito”, dice. Algunos países nórdicos que encabezan las listas educativas le dan menos importancia a esta enseñanza precoz -en Finlandia la educación obligatoria comienza a los siete años- y la compensan con grandes facilidades a los padres para cuidar de sus hijos. Por eso, muchos expertos restan importancia a la escolarización temprana como forma de adquirir conocimientos y hacen más hincapié en el papel de las familias.

Con más o menos escuela previa, el niño llega a los seis años al colegio, sí o sí. Y esto no está en cuestión. Todavía hay debate en la comunidad educativa sobre si los adolescentes tienen que estar en la enseñanza secundaria hasta los 16 años. Muchos profesores sostienen que a ciertas edades, cuando el joven no quiere estudiar, lo único que hace es estorbar en el aula y que más le valdría dedicarse a otra cosa. Pero ese debate parece haber remitido sustancialmente en los últimos años. Si hay algo en cuestión aquí no es, en todo caso, si la educación debe ser obligatoria y gratuita hasta los 16, sino cómo debe enfocarse.

La plataforma Mejora tu Escuela Pública plantea aumentar la calidad de la enseñanza obligatoria con más autonomía de los centros y reivindica la necesidad de una escuela gratuita de calidad, porque es la que puede “encargarse de atender a la enorme diversidad de situaciones de quienes no pueden pagarse una educación privada”, en palabras de su presidente, Juan José Nieto.

Cuando se acaba la educación obligatoria llega el instituto, sea en forma de bachillerato o de FP. La Unión Europea se propone que el 85% de la población siga alguna de estas enseñanzas y obtenga el título. “Y si tenemos este objetivo, realmente lo que buscamos es que lo consiga todo el mundo con un pequeño margen de fracaso, por lo que debe ser también gratuito, aunque en España estemos lejos de alcanzar ese porcentaje y rondemos, según como se mida la estadística, el 60% de chavales que logran estos títulos medios”, argumenta Fernández Enguita. Los institutos públicos, de hecho, ofrecen esta educación de forma gratuita.

Colegio, instituto, universidad. Este es el camino natural para algunos alumnos. Pero no para la mayoría. Solo alrededor de un 40% llega a los estudios superiores en España, según la OCDE. La obligatoriedad aquí queda muy lejos. La gratuidad, no tanto. Porque aunque hay que pagar unas tasas, la mayor parte de la matrícula está financiada por los contribuyentes. Según Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, el Estado paga alrededor del 85%, en función de la titulación. “Una matrícula media cuesta entre 8.000 y 9.000 euros y el estudiante paga entre 800 y 900”, asegura. Y aquí es donde realmente hay un debate que trasciende la ideología. Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense, explica que la controversia se genera porque toda la sociedad le está pagando los estudios a las clases medias, que son las que más aprovechan esta financiación. “El estudio universitario va a proporcionar un beneficio fundamentalmente privado para quien lo recibe, aunque también revierta de alguna forma en el resto de la sociedad”, explica. Él, sin embargo, no se muestra partidario de cambiar la situación tal y como está en España. “Hay quien apoya el encarecimiento de la matrícula acompañado por un aumento de becas para quien realmente las necesite, pero eso complica la cosa y no merece la pena. Comprobar la situación económica de cada cual es difícil y el argumento de que paguen más los ricos se quiebra jurídicamente si los hijos de los más adinerados se declaran independientes cuando cumplen los 18 años, de forma que pasan a ser automáticamente pobres. Creo que las tasas son necesarias para evitar el despilfarro y el abuso, pero soy partidario de una educación barata”, añade.

El sistema español es parecido al de los países de su entorno, aunque distinto de los anglosajones, que hacen pagar a los estudiantes una carga muy superior. Esto se acentuó en el Reino Unido cuando los conservadores llegaron al poder y el primer ministro, David Cameron, decidió triplicar las tasas universitarias, que pasaron de unas 3.000 libras (3.444 euros) a 9.000. La respuesta fue una gran contestación estudiantil.

De vuelta a España, las propuestas de cambio van en varios sentidos. Enguita es favorable a unas matrículas más caras, con préstamos generosos para quienes lo necesiten y demuestren talento (o al menos aprueben buena parte de las asignaturas). “En la educación superior, que es minoritaria y tras la que casi todos los estudiantes se colocan y ganan un salario que suele estar entre un 20% y un 30% por encima de quien no es titulado, tiene mucho sentido plantearse si debería estar tan subvencionada para todos. La solución para no perder talento son los prestamos a quien demuestre que los necesita”, dice.

En esta línea, Juan José Dolado se queja del desperdicio de dinero que supone la subvención de algunos estudios universitarios. “Hay un 30% de estudiantes que abandona antes del periodo preestablecido. Si le hemos pagado 14.000 euros y abandona, a la sociedad ese dinero le ha servido para muy poco o para nada. El desperdicio depende del efecto diploma, de los que consiguen el título. Puede estar entre 1.000 y 3.000 millones de euros anuales, más de lo que quiere conseguir el Gobierno con el restituido impuesto del patrimonio”, subraya. Como solución propone castigar a los repetidores. “Como contrapartida, ahora gastamos muy poco en becas. Los países de nuestro entorno destinan entre un 0,25% y un 0,30% del producto interior bruto y nosotros no llegamos a un 0,1%. No sería regresivo subir tasas porque se aumentarían becas, y los que lo hagan bien y tengan pocos medios recibirán más dinero. Lo que no se puede tolerar es que una persona tarde 12 años en acabar una carrera de cuatro”, añade.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ya apuntó el pasado mayo hacia un modelo más parecido al expuesto en el párrafo anterior. Se trata de hacer pagar el precio real de la matrícula a partir de la tercera repetición de una misma asignatura y premiar a los alumnos que vayan al día con 150 euros. Este incentivo no entrará en vigor antes de 2013.

Y repite siempre que la educación es la mejor inversión. El camino que traza va a por más gratuidad, no a por menos.

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GRATUIDAD Y OBLIGATORIEDAD

– Educación infantil. En el tramo de cero a tres años, la educación no es ni obligatoria ni gratuita. El Ministerio de Educación lanzó en 2008 el plan Educa 3, para subvencionar las plazas de parte de la población al 50% con las autonomías. La pretensión es invertir 1.087 millones hasta 2012 y crear 300.000 plazas, objetivo lastrado por la crisis. El tramo entre tres y seis años tampoco es obligatorio, pero prácticamente el 100% de los niños están escolarizados de forma gratuita, según Educación.

– Educación primaria y secundaria. A los seis años llega la educación obligatoria y gratuita que va hasta los 16, cuando termina la secundaria, ambas sin coste.

– Educación posobligatoria. El bachillerato y los grados medios de formación profesional no son obligatorios y, aunque la ley no lo establece, desde los años ochenta no se cobran tasas en los institutos públicos.

– Educación superior. La universidad no es ni obligatoria ni gratuita, pero sí tiene financiación pública. En función de la titulación, el estudiante paga tasas de un 15% a un 20% del coste de la matrícula. El resto lo sufragan los contribuyentes.

Artículo original en ELPAÍS.com

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