Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

La madre de todas las reformas


Por Alberto ARENAS, Dante CONTRERAS, Eduardo ENGEL,
Ricardo FFRENCH-DAVIS, Andrés GÓMEZ-LOBO, Daniel HOJMAN,
Alejandro MICCO y Joseph RAMOS.* (La Tercera)

La Revolución de los Pingüinos del 2006 nos hizo confrontar la enorme deuda de este país con la educación, dando paso a una de las mayores reformas educativas desde el regreso a la democracia. Aunque las salas de clase no han cambiado mucho en cinco años, se lograron avances significativos tales como un aumento de la subvención escolar, modificaciones que impiden seleccionar alumnos a las escuelas subvencionadas, una subvención preferencial para escuelas que albergan niños vulnerables, la creación de una agencia para monitorear la calidad y una superintendencia de educación. El movimiento estudiantil hizo evidente la urgencia de mejorar la carrera docente, atraer talento a las pedagogías, fortalecer la capacidad de gestión de los directivos y reformar el sistema municipalizado, entre otros temas. Se trata de logros importantes.

Desde mayo de este año, cientos de miles de jóvenes secundarios y universitarios demandan educación de calidad y oportunidades de movilidad social e integración. Los estudiantes piden un nuevo paradigma educacional donde todos accedan a educación de calidad y el Estado tenga un rol clave garantizando dicho acceso. Piden fortalecer la fiscalización en un mercado opaco, restringir el lucro mediante subsidios públicos, fortalecer la educación pública y potenciar los aspectos de bien público asociados a la educación tales como conocimiento, ciudadanía y pluralismo.

Las demandas cuentan con amplio respaldo ciudadano; más de un 80% según encuestas recientes. Satisfacerlas requiere compromiso político, trabajo serio de diseño, cuidado en la implementación y recursos. Una reforma a la educación que verdaderamente sea pro calidad, pro equidad y favorezca a la gran mayoría de los estudiantes chilenos es un desafío sistémico que no se resuelve con medidas de parche.

Una REFORMA A LA EDUCACIÓN requiere una estrategia clara y una fuente de recursos que la hagan sostenible. Estas son señales insustituibles de que existe un compromiso real. Un principio fundamental de las buenas finanzas públicas es que aquellas iniciativas que generan gasto permanente requieren financiamiento permanente. Es un principio que por años ha sido practicado en el Estado chileno y que, por lo visto, ha sido internalizado por quienes marchan en la Alameda.

En la propuesta del gobierno, el GANE, se anunció que los recursos adicionales para la educación provendrían de un fondo de 4 mil millones de dólares. Días después, distintos personeros de gobierno discrepaban sobre la naturaleza de este fondo. Algunos lo interpretaron como un fondo que se gastaría durante varios años. Otros argumentaron que se usarían solo los intereses, estimados en no más de 250 millones de dólares por año (un 0,1% del PIB). Luego el Ministro de Hacienda clarificó que eran solo 3 mil millones, para más tarde reconocer que era un trasvasije de fondos que ya existían y que el GANE no alteraría el presupuesto.

Es desafortunado que no exista claridad respecto de estas cuentas. El desorden en las cuentas fiscales es desaconsejable en general, pero es particularmente nocivo en el caso de una reforma que cifra tantas expectativas como esta. Sin transparencia y rigurosidad en las fuentes de financiamiento, será difícil alcanzar un acuerdo serio sobre la reforma del sistema educacional.

Un cambio de paradigma requiere una reforma integral desde la educación pre escolar hasta la universitaria. Algunas de las medidas más importantes son 1) extender la educación pre-escolar, en especial entre los hogares más modestos, y elevar su cobertura y calidad hasta llegar a niveles similares a los de la OCDE; 2) reemplazar el sistema de educación municipal por una educación pública descentralizada, con una escala suficiente que asegure estándares adecuados de calidad; 3) exámenes nacionales a cada nivel de enseñanza básica y media que aseguren que todos los colegios cumplan con estándares de calidad; 4) elevar sustancialmente la subvención escolar, condicionando sus incrementos a logros efectivos en aprobación de exámenes nacionales; 5) elevar sustancialmente los sueldos de los profesores hasta alcanzar los niveles equivalentes a las profesiones mejor remuneradas del sector público condicionado estos aumentos a la excelencia docente; 6) eliminar o modificar sustancialmente el actual estatuto docente; 7) asegurar una enseñanza técnica superior (2 años post secundaria) de calidad (tipo DUOC, INACAP, INFOCAP) para la mitad de jóvenes que anualmente egresan de la enseñanza media y entran directamente al mercado laboral sin un oficio productivo, lo cual los condena a un ingreso apenas superior a la línea de pobreza por toda su vida laboral, 8 ) becas y créditos de educación superior para alumnos de bajos ingresos; 9) aportes basales para universidades públicas asociados a reformas en sus sistemas de gobierno y administración; 10) elevar los estándares de acreditación institucional – universidad, instituto profesional y centro de formación técnica – así como de carreras; 11) establecer un sistema de superintendencias de educación con atribuciones y herramientas efectivas para controlar el lucro con subsidios públicos.

Es evidente que una reforma de esta naturaleza será costosa. No se financia con un fondo de US$ 4.000 millones de una vez, como el del GANE. De hecho, sólo el alza de sueldos de los profesores como la que está siendo discutida costaría en torno a US$1.500 millones al año. Por supuesto, estos recursos adicionales sólo cumplirán su objetivo si se exige una acreditación rigurosa de los profesores que egresan, se incentiva el ingreso de alumnos talentosos a pedagogía y se modifica el estatuto docente para permitir evaluaciones y despidos de profesores que no satisfagan estándares de calidad fiscalizados por la nueva agencia. En nuestra estimación una propuesta que incluya todos los puntos anteriores cuesta entre 1,5% y 2% del PIB, lo cual elevaría nuestro gasto público en educación al promedio de los países de la OCDE.

En consecuencia, se hace necesario un incremento significativo de la carga tributaria, de una magnitud similar a la obrada por el gobierno de Patricio Aylwin en 1991. Por cierto, por importante que sea, la educación no es la única necesidad social que requiere de mayores recursos. De ahí que puede que sea necesario elevar los gastos gradualmente a medida que se implementan en forma paralela las reformas institucionales requeridas. Adicionalmente la implementación práctica de algunas de las propuestas podría tardar 10 a 15 años para hacerse bien. Menos no es realista. No obstante, la credibilidad requiere un compromiso de financiamiento claro, con hoja de ruta, tiempos y metas.

Será fácil evaluar si la reforma que viene habrá sido exitosa o no. La reforma habrá logrado su objetivo sólo cuando nuestros líderes políticos, académicos y empresariales estén dispuestos a enviar a sus hijos a las escuelas para las cuales están haciendo la reforma. Mientras esto no ocurra, la tarea seguirá inconclusa. Si enfrentamos el desafío con responsabilidad, participación social, competencia técnica, transparencia y seriedad presupuestaria, podemos lograrlo.

* Profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

Artículo original en La Tercera.

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One Response

  1. […] en la educación y de cómo financiarlos, y cuando se dice que una reforma más o menos en serio cuesta unos 4.000 millones de dólares permanentes (es decir, un 2% de PIB cada año), entonces la pregunta natural es: ¿es posible […]

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