Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

La memoria de la tierra

Por LOLA HUETE MACHADO (El País)

Al abrir una fosa no se desentierra a los muertos, sino la historia robada a muchos vivos. Allí dentro hay huesos de seres queridos, las balas que los mataron, la evidencia de lo sucedido. En el año 2000 se abrió la primera fosa con protocolo científico en Priaranza (León), en busca de Emilio Silva Faba y otras 12 personas. En esta década, un total de 5.277 de los más de 100.000 desaparecidos en la Guerra Civil han sido exhumados en 231 fosas. Arqueólogos, forenses, antropólogos, familiares y voluntarios lo hacen posible.

VER VIDEO: Las fosas con víctimas de la Guerra Civil

Veo cómo limpiáis cada hueso despacio, con la brocha, con tanto mimo, que parece que los estáis acariciando, y pienso en lo distinto que es hoy a como debió ser el día que los asesinaron…”. Lo comenta Anabel Lapuente, nieta de una de las personas que acaban de encontrar en una fosa de Ágreda (Soria) los expertos y voluntarios de la Sociedad Aranzadi, dirigidos por el forense Francisco Etxeberria y la antropóloga Lourdes Herrasti. Se hace el silencio. Y es entonces cuando las aludidas, cuatro estudiantes de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV), rompen a llorar. Y con ellas, todos los presentes.

Ágreda es austero y monumental. Tranquilo. Saltan corzos por las carreteras. Lo advierten los carteles. Mil desaparecidos durante la Guerra Civil se cuentan en Soria. El cementerio está esquinado, y aquí, en una zona en desuso, se ven los cuatro esqueletos tirados bocabajo, maniatados, liberados ya de la tierra apelmazada durante décadas y mojada por la lluvia del día. Algunos vecinos del pueblo lo repitieron: “Vimos cómo los echaban aquí y cómo los mataban allá arriba, en el paraje de Los Cabezos…”. Son Luis Torres (35 años, jornalero), Marcelino Navarro (17, aguacil), Gregorio Torres (alcalde) y Feliciano Lapuente (campesino, de 33). “Que consta fueron asesinados el 19 de octubre de 1936”, se lee en el informe preliminar del equipo, que indica además: “Se encuentra presente doña Pilar Pérez, alcaldesa de Torrellas”. Y aquí está ella hoy de nuevo. “No es habitual que un cargo municipal se implique tanto”, asegura Etxeberria al hilo de la indiferencia política nacional al uso. Nada extraño si se tiene en cuenta que la Ley de la Memoria Histórica (leymemoria.mjusticia.es) data en España de 2007, tan coja que Amnistía Internacional la definió como “alejada del Derecho internacional”, pues delega en asociaciones de víctimas una tarea que debía realizar el Estado. Y que Baltasar Garzón, el juez que abrió causa contra los crímenes del franquismo tres décadas después de la muerte del dictador, está inhabilitado desde mayo, como aviso para navegantes. Y ahí anda, en La Haya, en espera.

“Los cuatro de Morella”, llaman a estos hombres. Uno es menor, Marcelino. Lo explica el estomatólogo Claudio Albizu al mostrar uno de sus dientes. “Se sabe por esto”. Los otros tres deben ser identificados. Irán al laboratorio de la UPV junto a otros muchos en busca de un nombre que se les podrá dar o no: porque no haya ADN para comparar o esté contaminado. En los esqueletos, donde aparecen piezas de metal, han colocado bolas de colores; la mayoría son balas de pistola. Marcelino llevaba gemelos y una moneda de plata. Los muestran. Nadie se lo explica: “Quizá su madre le dijo al salir: ‘Hijo, ponte bien por si acaso”, comentan los lugareños. Pero se ve que dio igual.

Los familiares cuentan lo que sienten antes de que los cuerpos sean retirados. También es invitado Iván Aparicio, de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, a decir unas palabras. Dice varias: “Se habla de ‘muertos de la Guerra Civil’, pero estos no son muertos en la guerra, son civiles que no habían cogido un arma en su vida, sacados de sus casas y asesinados. Esto es lo que fue el fascismo en España, un crimen contra la humanidad. Y no puede ser que tengamos que corregir las violaciones de derechos humanos los voluntarios de cuatro asociaciones y los parientes. Esto es un acto de reparación hacia las familias. Pero aún hay que reparar a las víctimas. La legislación internacional vinculante incluye verdad, justicia y reparación. Hay que mostrar la verdad, hay que juzgar a los responsables, y hay que reparar. Sobre juzgar, en algún momento se tendrá que afrontar lo que pasó hace 74 años, pero también lo que pasa hoy con la Ley de la Memoria Histórica, que cumple la función de ley de punto final, y la falta de actuación de las Administraciones de justicia. Aquí tenía que haber un juez levantando un cadáver, esclarecer las señales de violencia, y no es así; así que alguna vez se tendrá que ver en el Tribunal de Derechos Humanos a los responsables de que se perpetúe la inmunidad del franquismo”. Y ciertamente, aquí juez no hay ninguno.

El trabajo que realiza este equipo (y otros, valga este de ejemplo) sigue un protocolo científico propio (recogida de información, prospección, exhumación, identificación) a falta de uno oficial que asegura Etxeberria ya está elaborado hace rato porque él mismo ha participado. Pero, sí, se diría que es ceremonia amorosa: excavan con dedicación la tierra, la criban; extraen los restos, los observan y, tras limpiarlos (esqueletos, ropas, zapatos…), los guardan en cajas para luego dotarles de genealogía: esposa, hijos, padres, currículo… Reconstruyen así biografías. Como estas de Ágreda en una fosa más, la penúltima de las 231 abiertas desde hace una década, de las 2.052 que existen, según el Gobierno. Un total de 5.277 personas han sido exhumadas, pero se calcula que los desaparecidos superan los 100.000. Garzón manejó en 2008 un censo elaborado por familiares de 143.353, porque no existe ninguno oficial. Algunas comunidades tienen elaborado ya su mapa de fosas; otras están en ello.

Más de 100.000 biografías. Como la de Bárbara Sebastián Vela, de 70 años, encontrada en Illueca (Zaragoza); la de la maestra María de los Desamparados Blanco, vista por última vez en Lario (León) cuando su hijo Florentino tenía 18 años, y a la que este ha exhumado ahora con noventa y tantos; la de Jerónima Blanco y su hijo Fernando Cabo, de tres años, a los que mataron y enterraron en el huerto de su propia casa en Ponferrada para forzar la vuelta del marido, Isaac Cabo, que les sobrevivió; la docena de enfermeras del hospital psiquiátrico en Valdediós (Asturias); las 15 mujeres y un adolescente de Grazalema (Cádiz); los siete muertos de Fontanosas (Ciudad Real), cuya ubicación desveló una carta anónima dirigida al alcalde por un miembro del pelotón de fusilamiento. O la de Julián Merino, cuya esposa, Teresa Pozo (recién fallecida), quedó sola a los 23, embarazada de siete meses, con dos hijos, represaliada. La única viuda que vivió lo bastante para presenciar en 2005, con 93 años, la exhumación de su marido en Covarrubias (Burgos).

La dignidad de las víctimas de la represión franquista no se ha perdido nunca”, dijo el juez Garzón hace nada. “La dignidad la pierden los que en España no dan una respuesta adecuada a esos hechos”. Y añadió algo que todos los implicados en exhumaciones confirman: “Nunca, ni en Chile, ni en Argentina, ni en España, he visto a los familiares de las víctimas pedir venganza. Solo piden justicia, y eso es algo así de sencillo. Y tan complicado, parece ser, a la vez”. Nada extraño. Nada que no se haya hecho ya antes. En realidad, como dice la periodista Natalia Junquera en el prólogo del libro reciente Memoria histórica, del CSIC, se podría decir que la memoria histórica la inventó Franco: “Fue él el primero en pedir censos de desaparecidos, en encargar a expertos un protocolo de exhumaciones y, hasta ahora, el único que preservó por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas. Múltiples órdenes en el BOE dan cuenta de su afán por honrar a las víctimas. A las suyas”. Y hasta desplazó restos de republicanos al panteón de El Escorial cuando los suyos no le alcanzaron para llenarlo (la gran tumba pendiente).

Desde siempre hubo familiares que quisieron recuperar a sus seres queridos para darles sepultura, el acto que cierra el círculo y es primordial para muchos. Algunos lo intentaron por sí solos, con pico y pala por así decir, pero se dieron cuenta de que no era modo. Porque en la mayoría de las fosas se encuentran varios o muchos; fosas comunes se llaman por algo. Por eso juntos yacían 125 en la de Valdenoceda (Burgos), 80 en la de Magallón (Zaragoza), más de 300 en la del monasterio de Uclés (Cuenca), 2.840 en la del cementerio de San Rafael (Málaga)… ¿Y cómo saber quién es quién? La tarea de poner nombre y apellido a los desaparecidos en España tiene mucho que ver con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH, http://www.memoriahistorica.org). Esta nació al calor de lo sucedido en 2000 en la cuneta de la carretera N-536 en Priaranza del Bierzo (León), cuando se abrió una fosa por vez primera con método científico. En ella se encontraba Emilio Silva Faba.

“A mí fue mi abuelo quien me enseñó a hablar. Aun muerto. Porque hasta el día que lo encontramos en Priaranza nunca fui capaz de hablar en público, ni levantar el dedo siquiera en la universidad para no significarme, tal era el miedo en mi familia”. Emilio Silva nieto (presidente de la ARMH) lo confiesa en su casa en Madrid, mientras Emilio Silva padre, 84 años, manos delgadas y piel transparente, asiente. Hablan de aquel hombre que les dio la vida, cosmopolita, que a principios del siglo XX residió en EE UU y Argentina, regresó un día a su pueblo natal para papeleos y allí se quedó para siempre tras conocer a Modesta Santín, con la que tuvo seis hijos. Pusieron tienda en Villafranca del Bierzo, al estilo almacén de coloniales, La Preferida se llamaba. De ella nos dirá luego Felisa Rubio, testigo de aquel tiempo y amiga de la familia, tumbada en su cama en Triacastela (Lugo) por el peso de sus 87 años, que vendía “las mejores aceitunas de la comarca y muchas alpargatas; era una casa con corredor hacia el río, allí jugábamos”. Emilio Silva hijo enseña una foto en la que aparece él con una pancarta reivindicando un centro escolar. Al fondo se ve La Preferida, en la esquina del viaducto donde hoy se levanta una casa moderna.

“Mi padre era azañista, se significó mucho, en Villafranca había mucho convento… Recuerdo el día en que empezó la guerra, y cómo los falangistas nos quitaban productos de la tienda; aquí tengo los recibos, mira. Mi padre sabía que su vida valía lo que la mercancía; cuando se terminó, se acabó”. Su desaparición le marcó. “Me hinché a llorar, lo que me ha cambiado la vida, pensaba. Mi madre quedó rota, yo era el mayor, 10 años, trabajé hasta de pastor”. Aun así, consiguió burlar al destino y tener la vida viajera que su padre habría querido. Emilio nieto añade: “Mi abuela murió cuando yo tenía 32. Siempre me sentí atraído por la figura del abuelo, pero nunca la oí hablar de él, y lo intenté”. Hasta que tomó una decisión: “Que dejara de ser un relato familiar. Sus restos estaban en un lugar que yo desconocía. Pero estaba dispuesto a cambiar el final de su historia”.

Lo que sucedió luego lo saben bien los implicados: Julio Vidal, Paco Etxeberria, Daniel Fernández, Santiago Macías… Vidal, arqueólogo de León, hombre de gran preparación, muy viajado, que se define a sí mismo como “pesimista político”, y su esposa, la antropóloga María Encina Prada, se pusieron a su disposición desde el minuto uno. “Corre, corre, que por aquí hay muertos’, siempre oí de niño esa frase de mi hermana al pasar por un lado de la carretera. Mi madre era de Priaranza, y lo de la fosa era cercano a mí, a mis vacaciones… A raíz de un artículo en prensa de Emilio Silva en 2000 nos enteramos que quería recuperar el cuerpo de su abuelo. Nos ofrecimos a colaborar aplicando la metodología arqueológica y de la antropología forense… Contacté con Etxeberria, que no tardó ni dos segundos en plantarse aquí. Se formó un pequeño equipo, el Ayuntamiento prestó la excavadora”. Se pusieron a ello. Los lugareños sabían del lugar. “Pero sucede que las referencias espaciales y el paisaje cambian, así que no fue hasta el tercer fin de semana, ya desesperados creyendo que los cubría la carretera, cuando aparecieron restos de un zapato con pie”. Fue un impacto. Esos muertos eran casi leyenda. En ese instante pasaron a ser pura verdad.

Como lo serán seguramente los tres maquis cuya fosa andaba localizando Etxeberria en Ezcurra (Navarra), un valle hermosísimo, hace una semana a petición de la Asociación Navarra de Familiares. En Navarra hubo 3.500 víctimas aun sin guerra. Ángel Mariezcurrena, oriundo, lleva años soñando con destapar el suceso del que él supo por su padre. El propietario del terreno lo confirmó: “Fue una emboscada y los mataron”. Ese rincón era antaño zona de paso de los guerrilleros escondidos en Francia. “Ahora habrá que asegurar con el georradar”, dice el forense. Y allí sucedió que en el bar del pueblo los lugareños ampliaron detalles. “Antes eso era imposible”, cuenta Etxeberria, “en 10 años la gente ha perdido el miedo a hablar”. Un grupo de estudiantes alemanes está presente; realizan sus tesis sobre el fascismo. Han pasado ya por Gernika, van a la zona del Ebro, quisieron saber de fosas. “No entendemos que esto esté ocurriendo ahora y no antes”. Él responde: “Hay quien no quiere que se sepa nada, incluidos partidos con conciencia de izquierda, y hasta nos acusan de destruir pruebas. Pero esto es justo lo contrario. Un lugar como este pasa de ser anónimo para convertirse en una prueba histórica. Antes de Navidad estará abierto y será un hecho”. Mariezcurrena no puede dormir pensando que alguien abra la tierra por su cuenta. “Hace años alguien habría excavado, pero ahora ya no, basta pedir permiso, de prospección y exhumación se llama. Navarra, por ejemplo, nunca los negó, pero en otras comunidades… bueno, según qué zonas”.

La fosa de Priaranza tardó en aparecer, lo cual fue positivo porque se empezó a correr la voz, a venir gente, incluso de derechas, a ayudar; otros, a preguntar, a ver si ellos también podían buscar a los suyos”, rememora el entonces alcalde de la localidad y ahora concejal socialista Daniel Fernández, que colaboró sin dudarlo (“a una persona que busca a su padre no hay que mirarle filiación”), subiendo las calles de Priaranza. “El dueño de la finca sabía lo que había, no puso el terreno en producción nunca, plantó nogales y esperó. Luego nos lo cedió”. Allí estaban los 13 hombres asesinados el 16 de octubre de 1936, la mayoría con dos tiros en la nuca. Como deseaba, Emilio sacó a su abuelo, y este se convirtió en el primer represaliado de la guerra identificado genéticamente. Lo llevó a Pereje, su pueblo natal, en el Camino de Santiago, a un bucólico cementerio en la ladera de un monte ante el que cruzan los peregrinos. Allí en el panteón se lee su nombre completo por expreso deseo de su viuda, como si ella siempre hubiera sabido que iba a regresar.

Del grupo, no todos fueron identificados, algunos nunca reclamados. “Eso es tremendo, vidas en suspenso”. Juntos yacen en un nicho del cementerio de Villalibre de la Jurisdicción bajo una placa: “A la memoria de todos aquellos que lucharon y dieron sus vidas por la democracia y la libertad”. El ex alcalde puntualiza: “Ni luchar pudieron, si los mataron en octubre”. Las historias que se cuentan en la comarca de El Bierzo son infinitas. La guerra está aún presente. Y la posguerra, aún más, “mucho hambre y mucho maqui; vete al Campo de las Danzas y verás”, sugiere una de las mujeres con zuecos mientras trabaja la huerta en esta tierra vigorosa. Los hombres se agolpan a la hora del café en el bar Inés, y también cuentan. Antonio Fierro, por ejemplo: “Los vi muertos en la cuneta, los niños bajamos a mirar”. No le impresionó. “Estábamos hechos a todo…, así eran esos tiempos”.

Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH, 38 años, oriundo, llevaba desde los noventa reivindicando a los desaparecidos, interesado por los guerrilleros que abundaron en Castilla y León (de los que ha escrito). “Pero no es lo mismo organizar un homenaje que tener una fosa delante, la presencia física de los desaparecidos cambió completamente la historia, las evidencias transforman todo”, dice pisando hoy la acera de la N-536. “Emilio tenía un interés particular, y yo, general; coincidimos, y ahí nació la ARMH”, aclara. Su laboratorio se encuentra en Ponferrada, en una sala cedida por la Universidad de León. Es sobria, llena de fichas con el título “desapariciones forzadas”, cajas con restos humanos y prendas, informes para mandar a Presidencia a efectos de cuentas, recortes de prensa, una pizarra con fosas pendientes de abrir (la de Candeleda, en Ávila, quizá lo esté ya, dirigida por los forenses José Luis Prieto o Roxana Ferllini). Por las paredes cuelgan viñetas. Destaca una en la que una silueta del Rey dice: “La ley dice que cada vez que se encuentra un cadáver debe presentarse un juez para su levantamiento”. Y otra de Franco responde: “Es al revés. Primero hicimos el levantamiento y luego escondimos los cadáveres”.

Aquí trabajan René, Marco, Nuria, Aníbal, parientes de desaparecidos o profesionales de antropología o arqueología. Hablan de la entrega de restos a la familia como momento clave: “Es una ceremonia civil, se convoca a parientes y autoridades. En Carajal de Campos, por ejemplo, con alcalde del PP, el acto se realizó con normalidad. Otras veces los políticos no quieren saber, dicen que desean ser neutrales, y yo digo, ¿neutrales ante quién?”. El arqueólogo Julio Vidal ya antes de Priaranza había intentado hacer informe de fosas existentes, “pero la Junta de Castilla y León nunca quiso saber nada. Se trataba de concebir esas intervenciones como de Patrimonio, en lugar de 70.000 años, de 70 años atrás, porque el pasado nos importa a todos y todo”. La Administración debe implicarse, dice. “Pero no quisieron; para mí fue una frustración, son tus ciudadanos, es asunto democrático…”. Cree que las exhumaciones no deben hacerse por altruismo. Para él, las fosas deben ser catalogadas, protegidas, ser monumentos “contra la intolerancia y la barbarie”.

Tras la fosa de Priaranza, el movimiento de reivindicación de los desaparecidos se convirtió en una suerte de marea empujada por la generación de nietos y por la apertura de una fosa tras otra. Adquirió notoriedad. Tiene picos, cuentan en la AHRM: el intento frustrado de encontrar a Lorca en Alfacar (Granada), lo de Garzón, cuando los muertos hallados son muchos… El interés internacional y de investigadores fue y es inmenso. Como las invitaciones a participar en congresos, conferencias, libros. Y los voluntarios de todo el mundo: “Solo tenemos eso, capital humano, unos 400 voluntarios. La asociación no tiene ni sede, cuenta con una subvención de 48.000 euros, nos ayuda la gente con su trabajo, los mismos familiares dando de comer al equipo o alojándolo. Hemos exhumado unas 1.600 personas, otras tantas están reclamadas”.

Ellos y el resto de organizaciones (bien Foro de la Memoria, Federación de Foros de la Memoria, agrupaciones de asociaciones de víctimas o familias que actúan por su cuenta) consiguen sacar adelante lo que el Estado no saca. Con su trabajo rehacen un pedazo de la amnesia que España ha tenido durante siete décadas, dicen muchos. Pero Santos Juliá, en su libro Hoy no es ayer, asegura que no es tal, sino que fue puro pacto: “Guardar los cadáveres de uno y otro para que no se interpongan en el camino de la democracia”. Y señala dos circunstancias hoy que lo alteran: la aparición en la escena pública de una nueva generación que no guarda recuerdo personal del régimen de Franco y la llegada de la derecha al poder.

“En Priaranza no éramos conscientes del desarrollo e impacto que iba a tener nuestro trabajo. E incluso a pesar de la frustración de muchas familias que opinan que no se hace nada, creo que se ha avanzado mucho. Hasta gente del PP nos ha dicho: ‘Es lo menos que se puede hacer’. Sí, sé que aún es insuficiente. Pero nos quejamos de que el Gobierno no hace esto, lo otro… sí, pero también hay que preguntarse: ‘¿Y tu universidad y tus estudiantes?, ¿dónde están los intelectuales que deberían hablar de esto sin parar? Vivimos aún con la impronta de un tiempo preconstitucional”, dice Etxeberria en su laboratorio de la UPV, que destila el estilo funcional de los edificios docentes. Nada destacado salvo que está repleto de secretos, que él sabe manejar. Muchas cajas de cartón y plástico que lucen los nombres en colores de lugares llenos de muerte: La Predaja, Villalba de Duero, Milagros… Y números por todas partes: individuo número uno, dos, tres… Además de huesos, hay balas, casquillos, monedas… Enseña los restos de un cuerpo completo y no pierde oportunidad: “Por aquí entró la bala, por allá salió, este tenía ya una patología…”. Donde puede, él enseña. Es siempre el centro, por ser puro hombre enciclopédico e incansable, acorde con esa Sociedad de Ciencias para la que trabaja (a la que el Gobierno vasco asignó ocuparse de las exhumaciones; existen ayudas desde 2003 en el País Vasco). Etxeberria también forma parte del equipo de investigación del CSIC que, bajo la dirección del antropólogo imprescindible Francisco Ferrándiz, acaba de publicar un balance sobre el impacto sociopolítico de esta década de exhumaciones (politicasdelamemoria.org) y participa en un proyecto para Presidencia titulado Base de datos de gestión documental de las exhumaciones realizadas en España. “Aspiro a que podamos saber, por ejemplo, personas muertas por disparo, tantas”.

Calavera en mano, confiesa que en las fosas también tiene sus momentos: “Cuando terminas de limpiar y dices a la familia: ‘La fosa es vuestra’, y bajan… uff, gran emoción. O se les dice: ‘El numero tres es tu padre’, y ellos: ‘Mi padre son todos”. Hasta tiene sus ritos Etxeberria. “Me quedo con una piedra de cada fosa. Pienso: ‘Si tapó el crimen, tantas piedras, tantos lugares liberados”. ¿Abrió fosas franquistas? “Sí, dos, en Camuñas (Toledo) y en Villasana de Mena (Burgos)”. ¿Y? “Yo soy forense, no pregunto, víctimas son víctimas”. Luego enseña los informes, uno tras otro, de distintas tumbas, con las medidas físicas de los enterrados, datos de posiciones, mil detalles de vidas perdidas. “Los de ahora son más completos, más ilustrativos, la fotografía digital abarata mucho los costes, basta un ordenador”.

En su propia casa tiene Etxeberria un equipo multidiciplinar completo: trabaja con su esposa, Lourdes Herrasti, codo con codo. Y también con su hija Igone, que se encarga de lo audiovisual. Ella, crecida al calor de las fosas, representa algo así como el paradigma del voluntario joven. Hija única, tenía dos meses cuando pisó una excavación. “Para mis compañeros de Medicina, hablar de 1936 no representa mucho, pero para mí, sí. Creo que se ha esperado demasiado, lamentablemente, ya no se podrán devolver los restos a todos con ADN demostrado, pero sí se puede reconstruir sus historias. Me impacta ver la emoción de las familias, cómo rozan de repente un hueso y dicen: ‘Ya, no necesitamos más’. Es especial. Sí que me gustaría que esto terminara. Pero si es solo por callar bocas, no. Hay que hacerlo despacio, curar esa herida, no se trata de sacar los huesos y ya. Hay que informar, hablar con los familiares, escucharlos, darles tiempo para que cuenten y reparen mientras se extraen los huesos. Para muchos es una liberación. ¿Si me imagino que sucediera una guerra así hoy? Uf, supongo que esto que hacemos debe servir para que ya no ocurra nunca más”.

Iván Aparicio, en Ágreda, allá donde saltan corzos por la carretera, lo tiene también claro: “El fundamento de todo esto es sencillo: si permitimos que quede impune una barbaridad como aquella, volverá a suceder”. Pero quizá quien mejor lo expresó fue una señora mayor un día a pie de fosa: “Si no los hubieran metido, ahora no los tendríamos que sacar”.

Publicado en el diario El País de España.

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