Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

Los escobazos de Sarkozy

Por ANA TERUEL (El País)

Francia alarma a las instituciones europeas con sus expulsiones en grupo de rumanos de etnia gitana. Algunos de ellos ocupan hoy una zona al norte de París donde, un siglo atrás, los que llegaban eran inmigrantes españoles.

Sentado en la entrada de una tienda de campaña donada por la asociación Don Quichotte, alzada sobre un palé para evitar que entre el frío y se filtre la humedad de la tierra, Mijail está inquieto. Quiere saber si está en la lista: 120 nombres inscritos en un trozo de papel, una garantía de tranquilidad durante una temporada, sin temer que la policía les desaloje. Todavía recuerda la violencia de la expulsión de su campamento de gitanos a principios de julio. En el nuevo terreno que ha ocupado con el resto de las familias evacuadas, el Ayuntamiento ha decidido dejarles en paz hasta el verano que viene. El problema: de las cerca de 200 personas desalojadas, solo 120 pueden quedarse.

Mijail es uno de los entre 10.000 y 15.000 gitanos del este de Europa que malviven en Francia, instalados en campamentos repartidos por las antiguas zonas industriales de la periferia de las grandes ciudades. Sus expulsiones han copado las portadas desde finales de julio, en el periodo que la primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubry, ha calificado de “verano de la vergüenza”. El Gobierno de Nicolas Sarkozy ha puesto a esta población en el punto de mira, y la iniciativa le ha valido fuertes críticas, tanto dentro como fuera del país: la Comisión Europea ha pedido explicaciones y el Europarlamento debatirá la medida francesa la próxima semana. Pero los primeros sondeos apuntan a una ligera recuperación de la popularidad de Sarkozy en su país, después de meses en niveles históricamente bajos; su tasa de popularidad ganó cuatro puntos en agosto, según el barómetro de TNS Sofres Logica para el Figaro Magazine.

El endurecimiento empezó tras una polémica reunión en El Elíseo, el 28 de julio, destinada a analizar los “problemas que supone el comportamiento” de lo que en Francia se llaman “gentes de viaje” -denominación administrativa por la que se conoce a los gitanos franceses- y los “romaníes”, el término con el que los franceses designan a los gitanos procedentes del este de Europa. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció entonces dos medidas: el desmantelamiento de la mitad de los poblados ilegales antes de noviembre, es decir, unos 300 de los 600 estimados en todo el país -mayoritariamente habitados por gitanos rumanos y búlgaros-, y la expulsión “casi inmediata” de los que hubieran cometido algún delito.

Transcurrido algo más de un mes desde aquella decisión, las autoridades han desalojado más de la mitad de los campos que se habían propuesto como objetivo, y casi 1.000 personas han sido reenviadas a Rumania y Bulgaria. La gran mayoría lo ha hecho de forma “voluntaria”, al acogerse a la ayuda al retorno que entrega la Oficina Francesa de Inmigración y de la Integración: 300 euros por adulto y 100 por niño, más el billete de avión. Un total de 151 expulsiones han sido “forzadas”, según los últimos datos del Ministerio de Inmigración. El año pasado, unos 8.300 rumanos y búlgaros abandonaron el país, la gran mayoría también de forma voluntaria, según el Gobierno.

En la práctica, las asociaciones temen que las órdenes de expulsión se hayan distribuido de forma abusiva. El tribunal administrativo de Lille, por ejemplo, anuló esta semana una serie de órdenes emitidas por la policía al considerar que la ocupación ilegal de terreno no era motivo suficiente para justificar una “amenaza al orden público”, la figura jurídica que motivaba legalmente la orden de expulsión. Tras un sonado y violento desalojo de unas 70 personas en Montreuil, en la región parisiense, todos los hombres del grupo pasaron por la comisaría, de la que salieron, de forma indiscriminada, con una orden de expulsión.

La mayoría, como Mijail, no dispone de un permiso de trabajo que le garantice la permanencia legal en Francia. Salió de Rumania con la caída de Nicolae Ceausescu y del bloque comunista, primero a Alemania y luego a Francia. “No tenía casa, mi madre murió, entonces me fui para buscarme la vida”, recuerda. “Hasta hoy”, dice. “Pero me voy adonde me digan, si me encuentras trabajos en Italia, en Canadá, donde sea”. A sus 49 años, se ha pasado media vida alternando pequeños empleos diarios, recogiendo chatarra y pidiendo en la calle. “Aquí en Francia está la cosa muy difícil”, dice.

Era uno de los históricos del poblado de Le Hanul, en la localidad de Saint-Denis, a las afueras de París. Este campamento, situado en un terreno abandonado, pero propiedad de una empresa privada, era el más antiguo del país. Constituía, a la vez, una excepción y -para muchos- un modelo, porque contaba desde el año 2003 con un acuerdo con el Ayuntamiento. Este se comprometía a suministrarles agua y electricidad a cambio de que respetaran una serie de medidas básicas en términos de higiene y de salud pública. Hasta que en la madrugada del 6 de julio, antes de que el Gobierno anunciara sus medidas de endurecimiento, fueron desalojados por agentes antidisturbios tras una decisión judicial.

Ante la inminencia de la evacuación, algunas familias, las que tenían a los niños más pequeños, huyeron a Rumania para veranear, a la espera de que la situación se calmara. Unas 150 personas se quedaron dando vueltas por esta ciudad del extrarradio parisiense, conocida por ser un mosaico de culturas en el que conviven unas 75 nacionalidades. Después de tres semanas de andadura, se instalaron en cuatro terrenos, en este caso de propiedad municipal. Y lo hicieron en pleno corazón de la pequeña España, el barrio situado a los pies del actual Estadio de Francia, construido para el Mundial de Fútbol de 1998; allí se instalaron los barracones de los españoles que huían de la penuria en la Península, hace un siglo. Hoy este barrio, articulado en torno a la calle de Cristino García -nombre de un guerrillero antifranquista que participó activamente en la resistencia francesa contra los nazis-, sigue siendo uno de los más humildes de la ciudad.

En vez de acosar de nuevo a los rumanos, el alcalde, el comunista Didier Paillard, ha decidido repetir la experiencia del acuerdo, con la condición de que se limiten a ser 120. El Ayuntamiento ha recibido finalmente la lista -elaborada por los jefes de los clanes-, casi tres semanas después de la fecha acordada. En esa relación de nombres sí está Mijail, aunque en vez de 120 son 125 personas. “Ha sido complicado”, reconoce con una sonrisa de alivio la adjunta primera del alcalde, Florence Haye. Dentro de unas semanas, los habitantes tendrán en principio acceso al agua y la electricidad, cuyo consumo se han comprometido a pagar. Así, Gina y sus tías, instaladas con el resto d ela familia en cabañas de madera, ya podrán utilizar la nevera para guardar la comida al fresco, y no de armario, como hacían hasta ahora.

“Estamos ante situaciones en las que los Ayuntamientos nos encontramos desamparados. Y con las evacuaciones, lo único que hacemos es pasarnos a esas poblaciones de una localidad a otra”, explica Florence Haye. “No solucionamos el problema, al contrario, porque cuanto más desmantelamos, más precariedad, más difícil es para ellos vivir dignamente, y entonces más complicado es para los vecinos convivir con ellos”, añade. “La respuesta del Estado es llamar a la policía, y la única solución propuesta es la ayuda al retorno voluntario, pero se vuelven en cuanto pueden, y lo seguirán haciendo mientras sigan sufriendo discriminaciones sociales y económicas en sus países”.

En cualquier caso, la medida acordada en Saint-Denis es temporal, y la tranquilidad de Mijail, incluso estando en la lista, tiene fecha de caducidad: el verano de 2011. El Ayuntamiento tiene previsto empezar la construcción de unos edificios de vivienda social a los que la municipalidad no piensa renunciar. A partir de ahora, responsables del Ayuntamiento, de las asociaciones y del poblado de integración tienen previsto reunirse para analizar qué hacer de aquí a entonces. “No tenemos todavía ninguna pista, hasta ahora hemos estado gestionando la urgencia tras la evacuación”, explica Haye.

Con los focos de los medios de comunicación encima de esta realidad -que las localidades de la periferia parisiense conocen desde hace tiempo-, las miradas se vuelcan también hacia una iniciativa particular, la iniciada en 2006 en Aubervilliers, ciudad pegada a la de Saint-Denis, que comparte las mismas características. Concretamente fue un 18 de diciembre. Ni Elena, ni su marido Robert, ni ninguno de sus vecinos olvidan la fecha. Y si lo hicieran, está inscrita en la fotografía de familia colocada en el bufete del salón, un recuerdo del día en que dejaron años de andanza de chabola en chabola para instalarse primero en una caravana y luego en una caseta de lo que ha sido el primer “pueblo de integración” para gitanos en Francia.

“¿Que por qué me fui de Rumania? Porque allí todo estaba tan bien…”, dice Robert, con una sonrisa sarcástica. “No hay nada; en el trabajo, si tienes, te pagan 150 euros por mes, y los precios son los mismos que aquí”, aclara. Salió con 20 años, primero hacia Alemania. Allí conoció a Elena. Juntos fueron a Argentina y les pilló la crisis del corralito. De vuelta a Europa, pasaron por las cosechas de uva en España y acabaron en Francia, con sus dos hijos, donde Robert ha alternado “todo tipo de trabajo”, cuenta en español. Ahora ocupa un puesto de cocinero, con un contrato de integración que finaliza en enero, y piensa en optar a un trabajo en la restauración.

“Nuestra iniciativa consistía en decir: ‘No podemos acoger toda la miseria del mundo, pero vamos a asumir nuestra parte”, explica Jacques Salvator, alcalde socialista de Aubervilliers, quien no olvida que su abuelo, inmigrante italiano, también vivió en un pueblo de chabolas. La localidad tenía un enorme poblado ilegal. El político cuenta que el Ayuntamiento y las asociaciones negociaron con las familias el realojo de algunas de ellas. A cambio, el resto se comprometía a dejar el terreno ocupado. “Y lo hicieron. Algunos se volvieron a Rumania, otros supongo que se instalaron en terrenos en otras ciudades vecinas”, cuenta.

Hablamos en una de las casetas del pueblo de integración, modesta, pero equipada con todo lo necesario. Cuenta con baños turcos -individuales- y, sobre todo, una cocina abierta a la sala principal, con una encimera de cuatro placas. “En el pueblo chabolista todo era muy complicado, aquí está perfecto”, afirma Robert. Las familias seleccionadas para participar en el programa han aceptado varias condiciones para facilitar su integración, como la escolarización de los niños. Aunque la mayoría lo estaban ya incluso cuando vivían en el descampado, gracias al trabajo de las asociaciones locales. La experiencia, financiada a medias por el Estado y por las colectividades locales, estaba prevista para tres años, pero acaba de ser ampliada por uno más. Reciben clases de francés práctico, les dan orientación profesional y tienen asesoramiento jurídico. “Nuestro objetivo es que sean autónomos”, resume Marie-Louise Mouket, de la Asociación ALJ93, encargada de la gestión del pueblo. La apuesta es que las familias salgan de ahí con trabajo, permiso de residencia y alojamiento.

Casi cuatro años después de esta primera experiencia, sus promotores se muestran optimistas. De las 19 familias, tres han sido realojadas y tan solo una ha escogido abandonar el programa para volver a reunirse con el resto de su familia que ocupaba un terreno. La mayoría de las familias tienen al menos a una persona con trabajo en el ayuntamiento o las asociaciones que trabajan con ellos, pero también en algunas empresas privadas.

“Sobre todo, hemos roto estereotipos”, dice el alcalde Salvator. “A partir del momento en que se encuentran en una situación digna, los niños van al colegio y tienen buenos resultados, y los padres pueden encontrar trabajo y siguen programas de formación”, añade. “No pesa ninguna maldición sobre los gitanos, y esta es una primera demostración que era necesario realizar, porque arrastran una gran cantidad de prejuicios”.

Desde entonces, la iniciativa ha sido copiada por varias localidades vecinas de la periferia norte de París: Saint-Ouen, la propia Saint-Denis, Bagnolet y Montreuil. En esta última se ha abierto el más grande de los pueblos de integración, que alberga en torno a 300 personas. Gracias a su enorme capacidad, y a diferencia de los casos anteriores, no ha sido necesario seleccionar a las familias que entran. “Nosotros pensamos que con una veintena de poblados de este tipo en la región parisiense resolveríamos el problema de momento”, considera Haye, la adjunta de Saint-Denis. El modelo se ha extendido también a ciudades más alejadas de la capital, como Lille.

No faltan también detractores entre las asociaciones humanitarias y de derechos humanos. Denuncian que cerca del 75% del presupuesto está destinado a la vigilancia. En efecto, la entrada en este tipo de poblados no es libre, aunque existen diferentes niveles de restricciones en función de los pueblos. En Aubervilliers, las familias tan solo pueden recibir visitas durante el día. Un guardia de una compañía privada controla las entradas y salidas. Saimir Mile, presidente de La Voix des Roms, una de las asociaciones de gitanos más activas en la región parisiense, considera que, más que “pueblos”, se trata de “campos” destinados a aparcar y mantener controlados a sus habitantes.

“Escuchamos las críticas con atención, pero la verdad es que están totalmente desconectadas de la realidad”, responde Salvator, el alcalde. “Todos sabemos muy bien lo que pasaría si quitáramos las medidas de seguridad. Que en dos meses llegarían más caravanas y donde hoy vive una familia vivirían dos o tres”, se justifica.

Otros cuestionan que se pretenda incorporar al conjunto de la sociedad a habitantes de un conjunto de viviendas ocupadas exclusivamente por miembros de una misma comunidad. Una dimensión étnica que para Mile podría ser incluso peligrosa. “Al crear pueblos específicos para gitanos corremos el riesgo de crear más xenofobia, porque la gente acabará preguntando por qué ellos tienen derecho a una atención especial”.

En realidad, en estos centros de acogida no hay solo gitanos, aunque la iniciativa en un principio les está claramente destinada y representan la inmensa mayoría de los alojados ahí. Pero también hay otros rumanos que la vida ha llevado a los mismos pueblos chabolistas. Este es el caso de André, quien salió de Rumania a principios de siglo para trabajar en una empresa de la construcción. Pensaba hacerlo solo durante un año y luego volver a casa para acabar la carrera de Derecho. “Pero tuve a mi primer hijo y mis prioridades cambiaron”, explica. Siguió a su empleador a Portugal y luego volvió a Francia. Con su mujer y sus dos hijos, pasaron por hoteles baratos y por habitaciones subarrendadas a precios prohibitivos, hasta que acabaron en Aubervilliers, donde pagaron 700 euros por una chabola que se esfumó en el incendio que arrasó el campamento apenas unos días tras su llegada. André ahora trabaja como mediador para la ALJ93, que gestiona el pueblo de integración en el que vive, y está implicado en otras iniciativas de este tipo en la región.

“Los rumanos normalmente tienen sus propias redes de contactos para trabajar, que no comparten con los gitanos de su país”, dice Mile, al explicar por qué los que se encuentran en los campamentos chabolistas son mayoritariamente gitanos. “Pero no es verdad que los gitanos sean nómadas. Salvo excepciones en Francia, Reino Unido y Alemania, siempre que se les ha dado la ocasión de ser sedentarios lo han sido. Además, en Europa del Este han sido esclavos hasta mediados del XIX, por lo que tampoco eran libres en sus movimientos”.

Algo en lo que coincide todo el mundo es que la integración será complicada mientras permanezca el régimen transitorio impuesto por el Gobierno francés, extensible hasta 2014, que restringe su acceso al mercado laboral. En efecto, aunque desde 2007 son ciudadanos europeos, rumanos y búlgaros necesitan un permiso de trabajo para emplearse en Francia. No pueden conseguirlo sin una promesa de contratación y se privilegia a los incluidos en una lista de 150 empleos donde hay escasez de mano de obra en ese país. “Hay que ser muy ingenuos para pensar que cuando se le impide a una gente trabajar, va a vivir de mirar al cielo”, dice Salvator.

El alcalde, muy crítico con el discurso del Gobierno de Sarkozy sobre la población gitana, confía en que de toda la atención mediática de este verano salga algo bueno. “Al menos hemos logrado captar la atención de diferentes entidades sobre esta situación, incluida la Comisión Europea, aunque sea para criticar a Francia”, dice.

“Aunque si le digo la verdad”, añade, “por aquí han pasado muchos representantes europeos, nos dicen que está muy bien lo que hacemos, pero no nos llega ni un duro de Europa para seguir adelante con la iniciativa”.

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Malditos hasta en su país

Por NAIARA GALARRAGA

Pocos en Rumania dudan de que muchos de los centenares de compatriotas gitanos expulsados por Francia regresarán pronto a este país. “En cuanto se les acabe el dinero de Sarkozy para estas vacaciones pagadas”, añade con un punto de malicia una profesora de historia. Aventuran que irán a Francia, o a Italia, o a España. Adrián Paraipan, que viajó en el primer grupo de deportados, lo dejó bien claro nada más pisar el aeropuerto en Rumania: “Le pregunté: ¿ahora qué?”, recuerda Andrei Udisteanu, del diario Evenimentul Zilei, y me respondió: “No podemos vivir aquí porque la vida es dura. En un par de semanas como mucho volveré a Francia”. Allí vivían mendigando y les dieron 300 euros por volver a casa. Los que tenían hijos recibieron 100 euros más por cada niño.

Quizá Adrián y su novia, también expulsada, estén ya en ruta. Una opción que no sorprendería para nada a activistas que trabajan para integrarles en Rumania ni al director de la Agencia Nacional para los Gitanos (aquí llamados oficialmente roma), Ilie Dinca. Recuerdan que como ciudadanos de la UE que son desde 2007 son libres de viajar, tienen libertad de movimiento. “De ninguna manera vamos a violar sus derechos ciudadanos, ellos decidirán si regresan a Francia o se quedan a aprovechar las oportunidades”, proclama Dinca. Precisa que sus compatriotas “estuvieron de acuerdo en volver” a su país. Lo que le inquieta es que “firmaron un contrato” con las autoridades francesas del que no les dieron copia. Funcionarios de la agencia rumana les pidieron el documento a pie de avión a la llegada a Bucarest, pero no lo tenían. El director de este organismo querría verlo para asegurarse de que el papel no implica la prohibición de volver a Francia en un plazo determinado.

El segundo país más pobre de la UE no ofrece grandes oportunidades a sus ciudadanos en general. Y menos a los de etnia gitana. “Algunas rumanas sacarían 800 euros trabajando de niñeras en España. Aquí no sacarían más de 300 euros. Por eso se van los gitanos… y el resto. Es el mismo proceso, pero más severo. El gitano no llegaría a ser babysitter en España, ni aquí lograría 300 euros”, explica Marian Mandache, de la Fundación Romani Criss. Daniela, larga melena azabache, 20 años, dependienta de una tienda de ropa en Bucarest, es gitana, y cobra 200 euros mensuales en su trabajo. Un 60% de los hogares gitanos viven con menos del salario mínimo, 657 lei (150 euros), según una encuesta de Kurs de julio pasado, citada por el director de la ONG Alianza Cívica Roma, David Marc. ¿Y cuánto cobra un payo? También 200 euros, cuenta la ascensorista (sí, esa señora que pulsa el botón del piso que uno pide) del edificio gubernamental donde trabajaba la esposa del dictador Nicolae Ceausescu. Una bioquímica empleada en un hospital recibe unos 350 euros. Y los precios no difieren tanto de los españoles.

El último censo (de 2002) cifra a los rumanos de etnia gitana en 535.250 personas, pero las autoridades y las ONG aseguran que superan los 2 millones de los 22 millones de habitantes. El desfase obedece, según Mandache (gitano hijo de un taxista y de la dueña de un ultramarinos), a que “muchos no quieren admitir que son gitanos por el estigma social”. “Un sector muy importante de gitanos rumanos vive en una situación de exclusión más severa que sus compatriotas en España o que los gitanos españoles. Claro, el rumano medio tampoco vive como un español. Y la discriminación es también más severa. En España ya no es políticamente correcto hablar contra los gitanos”, precisa Humberto García, representante de la española Fundación Secretariado Gitano en la agencia rumana para esta minoría.

La gitana Daniela marca distancias con los expulsados. “Los que van a mendigar al extranjero son de zonas rurales”. Ella vive en Bucarest. La deportación voluntaria le parece “por un lado bien, porque allí deberían controlar su actitud y encontrar un trabajo. Aunque no es fácil”. Lo sabe bien. Su marido, Florin, asegura que le despidieron -era guarda de un hotel- al saber que era gitano “porque perjudicaba la imagen del hotel”.

El estigma está a la orden del día. Basta preguntar por este colectivo en las calles de Bucarest. Los rumanos no gitanos echan pestes. Mucho más científica es, obviamente, una encuesta realizada por Insomar en agosto de 2009. Preguntaban ¿qué palabra le viene a la cabeza si le digo gitano? Delito, robo, limosna, encabezan una lista que incluye inmundo, miedo, desprecio…, a un 16% le vinieron dos palabras a la mente, “persona normal”; a un 2,7%, discriminación o pobreza. Y sorpresa la que se debió llevar la cantante Madonna el verano pasado cuando durante su concierto en Bucarest habló en defensa de los gitanos. Una parte del público la abucheó. En Rumania se habla contra ellos sin demasiado pudor, incluidos políticos. El presidente, Traian Basescu, llamó “gitana asquerosa” a una periodista. Pidió disculpas; creía que era una conversación privada con su esposa. Otro caso más reciente. El ministro de Exteriores, Teodor Baconschi, declaró en febrero tras reunirse con un alto cargo del Gobierno francés: “Algunas comunidades rumanas tienen problemas psicológicos, relacionados con la delincuencia, especialmente las comunidades gitanas”. Ninguno de los 700 de la deportación voluntaria de este verano tenía antecedentes, según el Gobierno rumano.

El presidente, Traian Basescu, apuesta porque la UE adopte un programa común para integrar a los gitanos y también para permitir la colaboración de la policía rumana en los distintos países donde haya compatriotas de etnia gitana. “Hemos tenido problemas similares con Italia también. Y hemos logrado solucionarlos eficazmente enviando un número importante de policías nuestros a ese país. Lo mismo deberíamos hacer con Francia, ya que hemos recibido la solicitud del Gobierno francés”, ha declarado a la prensa local.

Sobre el papel ha habido mejoras encaminadas a superar la marginación histórica que padecen los gitanos en Rumania, como la legislación antidiscriminación, la prohibición de segregar a parturientas o alumnos (que, no obstante, aún existe, según denuncian las ONG), las cuotas educativas (7.600 plazas de secundaria, 500 de universidad reservadas para este curso 2010-2011), pero el impacto en la práctica ha sido nulo, o escaso, según Mandache, de Romani Criss.

El director de la agencia que coordina las políticas gubernamentales hacia los rumanos de etnia gitana no lo desmiente. Confiesa con pasmosa naturalidad que desde 2008 ha habido planes, pero sin que nadie asumiera las responsabilidades, los plazos ni la financiación. Dinca, llegado al cargo en noviembre pasado, asegura que la agencia gestiona ahora seis programas por unos 22 millones de euros (19 millones que aporta la UE, otros 2,8 del Gobierno y un millón de la agencia). Rumania insiste en que es un problema europeo (entre 10 y 12 millones de los ciudadanos de los 27 son gitanos, incluidos una cifra de entre 600.000 y 800.000 españoles) que requiere una respuesta común junto a las nacionales. Dinca ve imprescindible mejorar la sanidad, la educación, las perspectivas laborales y la vivienda porque “de poco sirve que le demos casa si no tiene trabajo”. “El Gobierno rumano parece que intenta lavarse las manos”, según el representante de la Alianza Cívica Roma. “Están jugando al ping-pong con el pueblo gitano”.

Roma es la denominación políticamente correcta, la oficial en Rumania, la que usa la UE. Antes, en rumano, decían tiganii. En esa lengua, y en inglés y en otras, rumano y roma son palabras que suenan muy parecidas, algo que a los payos locales les indigna. No quieren que les confundan con los gitanos, a los que acusan de crear mala fama al país. La mitad cree que son una vergüenza nacional, según el sondeo de Insomar antes citado.

“A ver cómo lo explico”, empieza Cristina, de 19 años, cuando se le pregunta por la polémica que ha enrarecido las relaciones franco-rumanas. “Creo que intentamos librarnos de ellos, que les animamos a irse, que no les damos la educación que necesitan para encontrar trabajo… porque somos racistas. Pero creo que a ellos tampoco les gustamos. Son violentos. Tuve un compañero de clase gitano. Ya tenía problemas con la policía ¡a los 14!”. Cristina y sus amigos apuran sus cigarrillos y los últimos días antes de volver a la universidad, en una de las muchas terrazas del centro histórico de Bucarest. Una zona coqueta con cafés antiquísimos, bares a la última, anticuarios, sushi y tiendas de bicis retro, inmersa en una rehabilitación a gran escala que llama la atención en un país donde el Gobierno acaba de bajar el sueldo a los funcionarios un 25% y ha subido el IVA al 24% para poder recibir ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional.

Publicado en el diario El País de España.

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