Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

La última batalla de Miguel Hernández

Por NATALIA JUNQUERA (El País)

La familia de Miguel Hernández quiere que un tribunal democrático anule la sentencia por la que un consejo de guerra franquista condenó a muerte al poeta en 1940. Franco le conmutó la pena a 30 años para evitar que se convirtiera en otro Lorca, pero en 1942, como consecuencia de las duras condiciones de la prisión, Miguel Hernández “murió de franquismo”, como suele decir Marcos Ana, el hombre con el récord de estancia en las prisiones del régimen, 23 años, al que conoció en la cárcel de Conde de Toreno (Madrid). Los descendientes del poeta han acudido al Supremo para que anule aquella sentencia, o lo que es lo mismo, que diga que aquel 28 de marzo de 1942 murió un hombre “inocente”, en palabras de su nuera, Lucía Izquierdo.

El Supremo ha tumbado decenas de recursos similares, como el de la familia de Salvador Puig Antich, el penúltimo ejecutado a garrote vil del franquismo; el de los descendientes de Joaquín Delgado y Francisco Granado, condenados a muerte por dos atentados que otros dos anarquistas confesaron haber cometido, o el de José Pellicer, combatiente antifranquista. El tribunal suele argumentar que los consejos de guerra aplicaban el derecho vigente. Los descendientes de Miguel Hernández son muy conscientes de esto, por eso han optado por una estrategia diferente. En lugar de ceñirse a que los consejos de guerra son, como asegura la Ley de Memoria, “ilegítimos” y que por tanto las sentencias que dictaron deberían anularse, han buscado nuevas pruebas con las que convencer al tribunal de que revise su caso. Y las han encontrado.

Hace apenas dos meses, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica, dio con el expediente de un segundo consejo de guerra (el 4.487) abierto contra el poeta en Orihuela cuando este fue puesto en libertad “por un error material” a la espera de juicio por el primer proceso, abierto en Madrid (el 21.001). La Auditoría de Guerra se dirigió en octubre de 1939 al Juzgado de Orihuela para que se inhibiera de la causa y le remitiera todas las actuaciones que había hecho. Pero el juzgado “siguió actuando hasta año y medio después de la muerte de Miguel Hernández”, según explicó ayer Enrique Cerdán Tato, investigador de la Comisión Cívica de Alicante, que halló el documento. El Supremo que ha tumbado tantos recursos de revisión de sentencias franquistas también revocó en 2007 la condena a muerte del republicano Ricardo Puente porque había sido juzgado dos veces por los mismos hechos.

En este segundo y desconocido sumario, hay una carta exculpatoria escrita por Juan Bellod, jefe de Falange de Valencia, que no fue tenida en cuenta en el primer proceso. Bellod, que asegura conocer a Miguel Hernández “desde su niñez”, describe al poeta como una persona de “inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y humana” y asegura que su “excesiva sensibilidad y temperamento poético” pudo llevarle a actuar “por apasionamiento”. El falangista cita como garantías “del fervor religioso y patriótico” de Hernández, que fue redactor de la revista católica El Gallo crisis, en cuya redacción trabajaban “caídos por Dios y por España”. Y destaca que Miguel Hernández pudo haberle salvado la vida: “En los primeros tiempos del Movimiento me visitó repetidas veces en la cárcel de Jesús y María en la que a la sazón me encontraba detenido, constándome que hizo cuanto estuvo en su mano para evitar que fuese paseado”. Bellod concluye: “No le creo capaz de haber intervenido en hecho alguno delictivo, estimando que su producción literaria en las publicaciones rojas obedecía a coacciones o incluso a imperativos de su pasión cambiada de signo por la falaz propaganda marxista (…) No le creo, en lo fundamental, enemigo de nuestro Glorioso Movimiento con cuyos principios, una vez conocidos en la reveladora verdad de nuestra doctrina hecha actuación gloriosa, le considero identificado”.

La familia del poeta también depositará en el Supremo a modo de prueba el interrogatorio al que fue sometido en Orihuela el 1 de octubre de 1939, en el que el poeta asegura, por ejemplo, que “nunca” viajó a Rusia, y tras el que entregó el certificado que le había hecho Bellod.

El delito por el que le perseguían en Madrid y Orihuela, como explicó Marcos Ana, fue el mismo: “Haber decidido defender la legalidad, ponerse del lado de la República”.

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“Elemento de izquierdas, peligrosísimo y despreciable”

Por TEREIXA CONSTENLA

En el consejo de guerra puesto en marcha en Orihuela contra Miguel Hernández en septiembre de 1939 -desconocido hasta hace un mes y a cuyas actas ha tenido acceso EL PAÍS- hay un informe conciso, mecanografiado, que enumera todos los delitos que llevaron a condenar al poeta: “Elemento de izquierdas, afiliado al partido comunista, comisario de brigada, de la de El Campesino, ha hecho mucha propaganda roja en periódicos y folletos, fue a Rusia comisionado por el Gobierno rojo. Fue uno de los que arengó a las tropas rojas en el asalto al santuario de la Virgen de la Cabeza”.

Se redactó en Orihuela el 4 de diciembre de 1939. Lo firma el entonces alcalde de la ciudad, en respuesta a la petición de informes “de conducta social y política” realizada por el juzgado que se encarga de la auditoría de guerra número 4.487.

Contra el poeta también declara el delegado del servicio de información e investigación de Falange en Orihuela, que escribe el 7 de diciembre de 1939: “Es un elemento peligrosísimo y despreciable por todos los buenos españoles”. Tanto él como los testigos Hermenegildo Riquelme y Luis Tormo, que declaran el 12 y 13 de diciembre de 1939 en el juzgado, reiteran su “ideología izquierdista”. “Al regreso de Rusia escribía en los frentes artículos hablando de las delicias del paraíso soviético”, manifestó Riquelme. “Tomó parte en el asalto al santuario de la Virgen de la Cabeza y trajo objetos del santuario”, informó al juez Luis Tormo.

El sumarísimo iniciado en Orihuela contra el poeta no culminó en una sentencia. La razón es inapelable: Miguel Hernández falleció el 28 de marzo de 1942 en la “prisión reformatorio de adultos” de Alicante, lo que forzó el sobreseimiento de la causa número 4.487.

Una causa, por otra parte, redundante, ya que el escritor ya había sido sentenciado en Madrid el 18 de enero de 1940 por un consejo de guerra, que lo encontró culpable de un delito de “adhesión a la rebelión”, a pesar de contar con algunos informes favorables, como el del falangista Juan Bellod Salmerón o el del alférez Diego Romero Pérez (“lo considero persona de garantía y orden”, le describe). En ese consejo de guerra le condenaron a muerte, aunque finalmente Franco ordenó en junio de 1940 conmutarla por “la de inferior en grado”, según consta en el sumario judicial, depositado en el Archivo Histórico de Defensa, que ha digitalizado los dos sumarísimos que se instruyeron contra el poeta.

Enrique Cerdán Tato, escritor y periodista que ha buceado en la biografía de Miguel Hernández, descubrió la existencia del segundo proceso contra él (el número 4.487) en mayo. “Se conocía el sumarísimo 21.001, pero no el abierto en Orihuela que contiene novedades”, sostiene. El poeta admite por vez primera que se afilió al partido comunista en 1936 y que cree que ha sido excarcelado en Madrid gracias a las presiones de Rafael Sánchez Mazas (protagonista de Soldados de Salamina y padre del escritor Rafael Sánchez Ferlosio) y José María Cossío, entre otros.

Publicado en el diario El País de España.

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