Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

Hispanos unidos de América


Por GUILLERMO ALTARES (El País)

El nombre del detonante es SB 1070. Una ley de Arizona que permitiría a la policía parar a la gente por su perfil racial. Ha desatado un movimiento de hispanos sin precedentes que prende veloz por todo EE.UU. No solo persigue acabar con una ley, sino transformar un país. O adaptarlo a la realidad de que los latinos, en 2050, pueden ser casi el 25% de la población. ¿Hasta dónde puede llegar esta lucha?

No son estadounidenses ni tampoco mexicanos. Viven atrapados en el mundo de la frontera. Pero, en esa tierra de nadie, han sido capaces de construir una vida y, sin quererlo, como los héroes reluctantes de las películas del Oeste, se han convertido en los protagonistas de un movimiento que puede cambiar Estados Unidos. “Si me van a agarrar, que me agarren a mí solo”, explica Ricardo. Tiene 44 años, reside desde hace 19 en Estados Unidos, es mexicano y carece de papeles. Su oficio es pintar coches. Su esposa, Imelda, de 45 años, lleva el mismo tiempo que él en Arizona y tampoco es residente legal. Sus hijas, Imelda (de 19), Hilda (de 14) y Elvia (de 9), son ciudadanas estadounidenses porque nacieron aquí, entre ellas hablan en inglés y la mayor tiene una beca en la Universidad de Arizona. Encarnan el sueño americano: llegaron sin nada a este país, tras jugarse la vida cruzando el desierto de Sonora. Prosperaron con trabajos no precisamente fáciles –“pintar carros” en Tucson, con más de 40 grados ya en junio, no es un plato de gusto–, sacaron adelante una familia, son religiosos y solo han quebrantado una ley: cruzar ilegalmente una frontera en busca de un futuro.

El encuentro tiene lugar en la iglesia de San Juan, en el sur de esta ciudad cercana a la frontera con México. Es uno de los pocos sitios a los que acuden juntos. Si les detienen, serán deportados. Y, aunque hasta el 29 de julio no se aplicará la nueva ley contra la inmigración en Arizona, la SB 1070, que permitirá a la policía pedir los papeles a quien parezca que se encuentra irregularmente en el país, el temor ha subido varios puntos: Ricardo acude a trabajar caminando en una ciudad en la que nadie camina porque no quiere ser detenido por cualquier infracción de tráfico; su hija no puede llevarle porque, si la paran con un indocumentado en el coche, podría estar cometiendo un delito según la nueva ley; su mujer tampoco. No quieren ir juntos porque no quieren arriesgarse a ser detenidos a la vez y expulsados los dos.

“Hace mucho tiempo que no hacemos ningún plan todos. Vivimos en el miedo”, asegura Imelda, que no puede evitar que se le escapen algunas lágrimas. “No es tiempo de restaurantes”, resume Angélica ante otra iglesia, esta vez en Phoenix. Ella y su marido, Fernando, viven desde hace 17 años en Estados Unidos, dos hijos, cuatro días y tres noches de cruce del desierto. Ellos no tienen papeles, sus hijos sí. A Angélica le acaban de despedir de su trabajo como cajera en un supermercado por ser residente sin papeles. “A mí, ¿cómo me van a echar? Todos los que trabajamos en mi empresa somos ilegales, nadie tiene papeles”, exclama Fernando entre carcajadas. “Deberíamos andar para Tejas, allí la migra [la policía de inmigración] no es como aquí, porque esto se va a poner muy crudo con la nueva ley”, dice Angélica, “pero él no quiere por los niños y porque aquí tiene chamba [trabajo] y buenos patrones. Hay muchos que no pagan y te dicen: ‘¿A quién te vas a quejar?’. No podemos quedarnos a esperar a que nos agarren. Hay que seguir con las marchas, con las manifestaciones”.

Son historias duras, de personas que viven con el miedo a la policía, a no cobrar, a ser expulsadas, sin derechos. Del cerca de medio millón de sin papeles que residen en Arizona (en todo el país, el Pew Hispanic Center calcula que hay unos 11 millones), muchos llevan décadas trabajando, han comprado casas y coches, sacado adelante a sus familias, pero miran con temor por el retrovisor cada vez que aparecen las luces de un coche patrulla. “Depende de nosotros”, prosigue Ricardo, que prefiere que no se publique su apellido. Es un hombre pausado, que piensa las palabras y que no para de lanzar gestos de cariño hacia su mujer. “Si nos unimos y apoyamos a los grupos en contra de esta ley, podremos pararla, podremos cambiar las cosas. Somos descendientes de César Chávez y debemos tener fe en Dios”. Chávez (1927-1993), el activista latino más famoso de Estados Unidos, fue el impulsor del llamado movimiento chicano, que en los años sesenta logró nuevos derechos para los braceros hispanos en EE UU a través de movilizaciones masivas en todo el país. Es, junto a Martin Luther King, uno de los referentes de un nuevo movimiento que está surgiendo en Arizona y que ha prendido en todo el país. Su lema es “de Selma a Phoenix” y pretende algo mucho más profundo que acabar con la ley SB 1070 –que cuenta con un apoyo del 60% de la población de EE UU y con el rechazo total de los latinos–, su objetivo es transformar este país.

“Estaba allí cuando los autobuses en Montgomery, las mangueras en Birmingham, un puente en Selma y cuando un predicador de Atlanta dijo a la gente: ‘Lo conseguiremos’. Sí, podemos”, exclamó el presidente Obama en uno de los momentos más emotivos de su discurso de investidura del 20 de enero de 2009, cuando narró la vida de una mujer que nació poco después de que se aboliese la esclavitud y que vivió todo el movimiento de los derechos civiles que en los años cincuenta y sesenta acabó por sepultar la segregación racial (por lo menos en las leyes).

Desde la elección, hace dos años, del primer presidente negro, las referencias al movimiento de los derechos civiles, al “Tengo un sueño” de Martin Luther King (el predicador de Atlanta al que se refería el presidente) se han convertido casi en un lugar común. Pero forman parte de la realidad estadounidense. Montgomery, la capital de Alabama, donde Rosa Parks se sentó en la parte del autobús reservada a los blancos y se negó a levantarse; Selma, donde arrancaron las marchas de la libertad que fueron duramente reprimidas por la policía, especialmente el domingo 7 de marzo de 1965, cuando fueron machacados tras cruzar el puente Edmund Pettus en esta ciudad; y Birmingham, donde se tomaron las célebres imágenes de los manifestantes aplastados por el chorro a presión de las mangueras, dibujaron el mapa de aquella revuelta que lo cambió todo. Y ahora cientos de miles de hispanos de todo el país quieren incorporar a ese mapa de los derechos civiles Tucson y Phoenix, la capital de Arizona, con su sheriff Joe Arpaio, que hace gala de su acoso a los que no duda en llamar “ilegales”. Según numerosos abogados, expertos y medios de comunicación, la nueva legislación, si no es anulada por el Tribunal Supremo, permitirá que la policía pare a la gente por su perfil racial –la revista británica The Economist, bastante conservadora y muy liberal, calificó la SB 1070 de “histérica” y escribió que puede convertir este territorio del suroeste de EE UU en un “Estado policial”–.

“Cuando promovieron esta ley, decidí ponerme en marcha”, explica Alma Mendoza en un modesto restaurante mexicano de la séptima calle del norte de Phoenix. Tiene 37 años, está separada, con tres niños, y ha montado su propio negocio de mantenimiento de casas. A través de detalles que se van colando discretamente en la conversación se descubre que la vida de Alma, que es residente legal, no ha sido precisamente fácil. Y tal vez por eso tiene más ganas de luchar que nunca. Ha montado un comité de barrio (integrado por 40 personas en apenas tres semanas), pero lo más importante es que se ha coordinado con comités de toda la ciudad y, sobre todo, ha participado activamente en la organización de la marcha que el sábado 30 de mayo reunió a decenas de miles de personas en Phoenix y que ocupó la portada de los diarios estadounidenses. “Tenemos que movilizar a toda la comunidad, porque no se trata solo de que expulsen a la gente, de que separen a familias, no es algo que afecta solo a los sin papeles, porque un día también pueden venir a nuestras casas. Está uniendo a la comunidad como nunca antes nada lo había conseguido”, explica.

Alma Mendoza, con su lucha en las puertas de las iglesias para que la gente se registre como votante (los latinos representan el 30% de la población, pero solo están registrados, paso previo imprescindible para poder votar en EE UU, un 12%) o entre en las diferentes organizaciones, simboliza este combate, que ha prendido en muchos otros Estados y que, además de en manifestaciones y movilizaciones, se ha plasmado en un creciente boicot comercial contra Arizona. Abogados de varios Estados, líderes indigenistas, estudiantiles y sindicales, antiguos senadores, políticos en activo, trabajadores de ONG, veteranos de mil batallas, dueños de restaurantes que colaboran con unos dólares, familias de sin papeles que vencen el miedo para marchar un sábado al grito de “¡Sí, se puede!” (versión guerrera del “Yes, we can!” de Obama)… forman ese magma reivindicativo cuyo alcance es todavía difícil de medir, pero que se expande a toda velocidad. La ley, que fue aprobada por la gobernadora republicana Jan Brewer el 29 de abril, no comenzará a aplicarse hasta el 29 de julio, pero a finales de mayo el movimiento ya había calado en amplios espectros de la sociedad. Estas semanas se celebran en Phoenix reuniones de barrio, con un tono entre la utopía y la lucha estudiantil, pero también tienen lugar encuentros que reúnen a líderes de 24 organizaciones diferentes de todo el país para coordinar acciones, una campaña que afecta a productos fabricados en Arizona, a los viajes de turismo o negocios a este Estado, a los conciertos o los acontecimientos deportivos y que puede tener efectos económicos importantes a medio plazo.

“La SB 1070 ha sido como un cachete a todo el mundo”, señala Alfredo Gutiérrez, de 64 años, senador estatal demócrata entre 1972 y 1986 y uno de los líderes hispanos más respetados de Arizona. “Es un movimiento que se va a derramar, que va a cruzar nuestras fronteras, porque si no la paramos aquí llegará a otros Estados. Se va a convertir en algo cada vez más global. La diferencia entre lo que ocurre ahora y el movimiento chicano de los setenta es que ahora hay gente para la que representamos una amenaza, porque en menos de una década seremos mayoría en varios Estados. Entonces éramos una minoría. Vivimos en un mundo globalizado en el que se mezclan las culturas y eso hay gente a la que le da miedo”, prosigue Gutiérrez.

Desde la oficina en el Downtown de Los Ángeles de Maldef (Mexican American Legal Defense and Education Fund), una de las organizaciones latinas más antiguas de EE UU, la abogada Gladys Limon, de 32 años, forma parte del equipo que dirige las demandas contra la SB 1070. “Queremos que la ley nunca llegue a aplicarse porque es inconstitucional. Los Estados y los Gobiernos locales no pueden legislar en materia de inmigración, eso corresponde al Gobierno federal. Es una ley negativa, que promueve la discriminación racial, pero que refleja un temor al cambio, una crisis de identidad profunda. Creo que es un debate que va a continuar durante muchos años”. “Mis padres vinieron de México y sacaron adelante a tres hijas y ahora tienen papeles. Solo queremos que los que están ahora en el país tengan esa oportunidad”, señala por su parte Sofía Menéndez, que se instaló en Tucson proveniente de Chicago –la capital mexicana del norte de EE UU–, y que trabaja para la ONG Human Borders–Fronteras Compasivas, que se dedica a poner bidones de agua en los lugares por los que cruzan los sin papeles en el desierto. “Se habla mucho de derechos civiles, pero también es un tema de derechos humanos”.

“Un nuevo movimiento de los derechos civiles está surgiendo en Arizona”, explica en su despacho Phil Gordon, el alcalde demócrata de Phoenix. Con tres millones de habitantes (40% de ellos de origen hispano), es la quinta ciudad de Estados Unidos y la que más rápidamente crece. Phoenix está situada en el Condado de Maricopa, donde reina el sheriff Arpaio con sus métodos más que discutibles (por ejemplo, una prisión de tiendas de campaña en la que los presos, la mayoría mexicanos, son obligados a vestir ropa interior rosa) que provocan tantas protestas como recogen votos. De los cuatro millones de habitantes de este condado, 1,1 son hispanos y, según datos de la Oficina del Censo, es el quinto territorio de EE UU con mayor porcentaje de población latina (el primero es Los Ángeles, con 4,7 millones). “No es solo un asunto de segregación o de los hispanos. Es sobre este país, es sobre lo que significa este país”, prosigue Gordon. Desde su ventana se percibe el siempre vacío Downtown de Phoenix y más allá, las inmensas avenidas que forman esta destartalada ciudad, robada al desierto.

“La relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada por las políticas migratorias en los últimos 100 años”, explica Paul Espinosa, profesor de Estudios Chicanos en la Universidad de Arizona y documentalista, que lleva más de dos décadas filmando las historias de la frontera y de la comunidad latina. “La Gran Depresión, en los años treinta, fue un periodo de repatriaciones masivas, casi un millón de personas, muchos de ellos ciudadanos americanos, fueron expulsados. Y hubo otro periodo en los años cincuenta. También se han producido épocas de puertas abiertas. Hasta el año 2007, cuando empezó la crisis en Arizona, que vivía un boom inmobiliario, fue necesaria mucha mano de obra”, prosigue, antes de llegar a la clave que se encuentra detrás de todo este conflicto, uno de esos enfrentamientos cruciales –como la eterna lucha entre ganaderos y agricultores de las películas del Oeste– que definen un país. “Todo esto tiene que ver con la demografía, con un cambio profundo, porque Estados Unidos ya no es un país de mayoría blanca o está a punto de dejar de serlo. Y ese proceso desconcierta a mucha gente”.

La Oficina del Censo de Estados Unidos cifra en 47,8 millones el número de hispanos (un 15,5% de la población total, aunque ahora se está realizando un nuevo censo) y ya son la minoría más importante del país, por encima de los negros. Ahora mismo hay más hablantes de castellano en EE UU que en España. Según los estudios oficiales, en 2050 los hispanos representarán el 24,4% de la población estadounidense (102,6 millones). En ciudades como Phoenix o en megalópolis como Los Ángeles es posible conducir (caminar es una quimera o un ejercicio reservado para los centros comerciales) durante kilómetros entre carteles en español y llevar a cabo la vida cotidiana sin hablar una palabra de inglés.

“Para inglés, pulse 1. Para deportación, pulse 2”. Este es uno de los muchos carteles que podían leerse en un mitin de republicanos ultras que tuvo lugar en Phoenix la misma tarde de la manifestación. “Las armas salvan vidas”, “Es imposible gobernar sin Dios y sin una pistola (George Washington)”, “Ilegal no es una raza, es un delito”, “Ilegales go home”, “Viva la SB 1070” son lemas a los que se puede aplicar sin exagerar el histerismo del que hablaba The Economist, espoleado no solo por el cambio demográfico sino también por una crisis que resulta palpable en muchos aspectos de la vida cotidiana en este Estado, lleno ahora de viviendas vacías tras los años locos de la construcción. Arizona es un Estado complejo, cuya población se ha multiplicado por cuatro desde los años cincuenta (gracias a la generalización del aire acondicionado, porque de junio a octubre hace un calor insoportable), que cuenta con los territorios indios más importantes del país (sobre todo navajo en el norte y tohono o’dham en el sur, en el desierto de Sonora, en la frontera con México, aunque también es la tierra de los míticos apaches, de Gerónimo) y con la mayor atracción turística del Oeste: el Gran Cañón del Colorado. Es un territorio muy permisivo en cosas como las armas (es uno de los pocos que permite llevarlas en público escondidas) y famoso por sus leyes represivas en el terreno de la inmigración.

El ex senador Gutiérrez proviene de una familia mexicana que se forjó en las minas de Arizona y su padre fue deportado en 1936 para volver a ser llamado a EE UU, aunque luego tuvo que vivir en el temor durante la nueva oleada de deportaciones de los años cincuenta. “Recuerdo, de pequeño, los soldados en las calles y a mi padre diciéndonos fantasías, como en la película esa del italiano [La vida es bella, de Roberto Benigni), para alejarnos del miedo”, asegura Gutiérrez, un tipo atlético, de voz contundente, que acude a la cita matinal en bicicleta. La abogada Isabel García también lleva muchos años en el combate. Vive en Tucson, la principal ciudad del sur de Arizona, apenas a una hora de la frontera. Dirige la oficina legal del Condado de Pima, al frente de un equipo de 14 abogados defensores, pero es conocida sobre todo como luchadora por los derechos humanos. “Esto es algo que lleva ocurriendo desde los años sesenta, este tipo de leyes surgen una y otra vez, como la llamada Propuesta 100, que prohibía a los inmigrantes sin papeles acceder a la libertad bajo fianza y que fue declarada inconstitucional, o la ley que en 2007 perseguía a las personas que contrataban sin papeles”, asegura García. “Desde que se implantó el tratado de libre comercio, el Nafta, en 1994, México se ha empobrecido, todo lo tienen que importar, hasta el maíz. Desde entonces, han venido seis millones de personas, sobre todo de zonas rurales”, prosigue.

Al ser preguntada sobre el paralelismo con el movimiento de los derechos civiles, esta mujer de 56 años, abogada desde los 24 y activista por los derechos de los emigrantes desde la universidad, responde: “Hay similitudes pero también diferencias. Ahora es una lucha mucho más difícil porque entonces era algo que todo el mundo veía mal, la segregación racial no la justificaba casi nadie, pero ahora las encuestas revelan que la mayoría de la población está a favor de la SB 1070”. Lidia Guzmán, de 42 años, presidenta de Somos América, una organización que reúne a 40 grupos y que es una de las más activas en la movilización contra la nueva ley, afirma: “La lucha nos está uniendo y nuestra meta es la misma que hace 40 años: acabar con la injusticia. En 1994, cuando se aprobó una ley contra los inmigrantes en California, los hispanos se registraron para votar y el Estado cambió el signo político. Son leyes promovidas por gente que tiene miedo, que se siente ofendida por los carteles en español, que no puede aceptar el mundo diverso que estamos creando”.

Aunque geográficamente distante –a unas tres horas de coche a través del desierto–, en Phoenix la frontera está muy presente: marca la diferencia entre el trabajo y la amenaza constante del paro, entre la residencia legal y el miedo, entre los derechos y la indefensión. Pero en Tucson, una ciudad con una fortísima población hispana (39,5% de sus 500.000 habitantes), es una presencia constante, aunque todavía quede una hora de ruta hasta la valla. En uno de sus libros más bellos, Las ciudades invisibles, Italo Calvino describe Despina, una ciudad que los que llegan por mar ven como un camello y los que llegan por el desierto ven como un barco. Algo parecido ocurre en el inmenso territorio del desierto, la frontera lo domina todo, lo cambia todo, es una frontera física pero también mental.

Con más de 600 kilómetros de línea fronteriza y un desierto inmenso, el de Sonora, que lo une tanto como lo separa de México, ha pasado a convertirse en uno de esos puntos por los que pasan las grandes migraciones de la humanidad, del Sur al Norte. Desde que hace una década Tejas, al este, y California, al oeste, reforzaron sus fronteras con más medidas de seguridad, Arizona se ha convertido en un paso mayor de inmigrantes que tratan de entrar en EE UU. Entre 600 y 1.200 cruzan cada día, según la época y los años (ahora con la crisis ha bajado mucho). Y también, como el estrecho de Gibraltar o la travesía del Atlántico que separa África de Canarias, como los contenedores que llegan a los grandes puertos europeos, es el escenario de una enorme tragedia: de las 344 personas que murieron en 2008 al tratar de cruzar a EE UU desde México, a la mitad se los tragó el despiadado y bellísimo desierto de Sonora. La Patrulla Fronteriza (Border Patrol), en teoría la única con poder para pedir los papeles a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país, aparece por todas partes: tiene controles en las autopistas, patrulla Nogales en bicicleta, vigila los pasos más complicados, utiliza helicópteros o aviones con radar, y sus coches blancos con franjas verdes surgen de la nada en las desoladas carreteras del desierto, en las que reinan los saguaros, los cactus con brazos típicos de Arizona.

“No me importa cómo la disfracen, es una ley contra los hispanos”, exclama Tony Estrada, el sheriff del Condado de Santa Cruz, al que pertenece el principal puesto de frontera con México, Nogales. Estrada, el único sheriff de origen mexicano de Arizona, no se muestra precisamente tenue a la hora de hablar de la SB 1070: “Claro que van a hacer perfil racial. Es una ley contra la gente más pobre, más trabajada, gente religiosa, muy noble, muy de familia. Están separando familias. Mi responsabilidad es proteger a los ciudadanos de los criminales y, en la frontera, con las mafias y el narcotráfico, no andan escasos, no he sido elegido para realizar el trabajo del Gobierno federal”. Estrada nació en Nogales, México, pero vino a EE UU con un año y medio. Como sheriff o como policía, lleva cuatro décadas observando lo que ocurre en la frontera, cómo se ha vuelto más violenta y más cruel. Y también ha visto los cambios en la comunidad hispana. “Hace mucho tiempo que nuestra gente tendría que haber despertado ante los abusos que sufre, ante la discriminación. Todos estamos de acuerdo en que deberían venir legalmente, pero los que cruzan son las más débiles, personas que huyen de la pobreza extrema. Hace falta una reforma migratoria global porque van a seguir viniendo”.

En lo que ocurre estos días en Arizona se mezclan argumentos icónicos de la cultura estadounidense: la historia de personas que luchan por la justicia por encima de la pertenencia racial (Matar a un ruiseñor), el poder del odio, del racismo y del miedo (Centauros del desierto), el derecho a buscar una vida mejor lanzándose a la carretera (Las uvas de la ira), pero también la defensa de lo que es justo y cómo los débiles, unidos, pueden vencer a los fuertes (¡Qué bello es vivir!). Si la SB 1070 es aprobada y otros Estados comienzan a poner en marcha legislaciones similares, EE UU será un tipo de país. Si triunfa la movilización hispana, que poco a poco va prendiendo en todo el mundo latino de EE UU, será otro. O tal vez, como en la Alabama en la que Harper Lee situó a su inolvidable Atticus Finch, seguirán conviviendo los dos mundos.

Publicado en el diario El País de España.

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