Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

En tierras de guerrilla

Por SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ (El País)

En el departamento de Concepción, al norte de Paraguay, una de las guerrillas más desconocidas del planeta secuestra a terratenientes en lugares olvidados por el Estado. EL PAÍS se adentra en tierras de guerrilla: pobreza, haciendas, matones y marihuana.

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Al norte de Paraguay, en el departamento de Concepción, la tierra es roja y ancha, con hermosos y pésimos caminos, jalonados de grandes hormigueros, y algunas manchas de bosques verdes y tupidos. Y, sobre todo, con enormes haciendas, más de un millón de cabezas de ganado y decenas de miles de hectáreas, en las que nadie sabe muy bien qué ley es la que rige: si la del Estado o la del estanciero.

Por aquí, en alguna de estas espesuras, estuvo 93 días, encadenado a una hamaca y tapado con un hule, el ganadero Fidel Zavala, hasta que, el pasado mes de enero, sus familiares pagaron 500.000 dólares de rescate, lanzados en dos bolsas desde una avioneta, en un punto determinado con GPS. Por aquí, en Tacuatí, fue también secuestrado en julio de 2008 el ganadero Luis Lindstron, que pagó 400.000 dólares por recuperar la libertad. En Hugua Ñandú, a pocos kilómetros, atacaron y prendieron fuego a la precaria comisaría local y dos policías resultaron heridos.

Esta se supone que es la tierra por donde se mueve el pequeño Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una veintena de hombres y mujeres que constituyen la guerrilla más desconocida de América Latina.

Pero, sobre todo, esta es la tierra donde una sola empresa, la Comercial Inmobiliaria Paraguaya Argentina, Cipasa, llegó a tener, hasta hace bien poco, más de 400.000 hectáreas de terreno, con 300 kilómetros de frente cercado. Nada extraño en el país que padece, seguramente, la distribución de tierra más desigual e injusta del mundo y en el que, desde hace más de un siglo, los sucesivos Gobiernos han regalado a sus amigos, o malvendido, el territorio nacional. La Comisión de la Verdad y Justicia, creada con ayuda de la ONU, estima que el 64% de las adjudicaciones realizadas desde 1954, es decir, desde la llegada al poder del dictador Alfredo Stroessner, fueron ilegales: centenares de miles de hectáreas de tierras rurales malhabidas y decenas de miles de campesinos despojados y maltratados.

El esfuerzo por devolver a la normalidad a Paraguay, un país que el escritor y periodista santanderino Rafael Barrett llegó a comparar, a principios del siglo XX, con el Congo, por su espeluznante historial de “esclavitud, tormento y asesinato” (El dolor Paraguayo y Lo que son los yerbales, Capital Intelectual, 2010), es muy reciente y muy precario. Empieza prácticamente con la elección de Fernando Lugo como presidente, en 2008, porque si bien es cierto que la dictadura de Alfredo Stroessner acabó en 1989, los primeros años de democracia no cambiaron en nada la situación.

El ex presidente Andrés Rodríguez, por ejemplo, que expulsó a Stroessner cuando este le cerró el negocio de cambio de moneda, ya tenía miles de hectáreas malhabidas, y aprovechó el cargo para adjudicarse otras dos mil. Fue el primer presidente democrático, por decir algo, pero si hay que hacer caso al Gobierno de Estados Unidos, el general Rodríguez era, además, el jefe del llamado cártel del Paraguay, encargado, como el propio Stroessner, de proteger a las bandas de narcotraficantes de marihuana y a las fabulosas redes de contrabando que operaban, y operan, en el país.

Ciudad del Este, en la llamada Triple Frontera, es el ojo del huracán de todo ese contrabando. Nació como ciudad en 1957, en el Alto Paraná, frente a Iguazú, Argentina y Brasil, y además de presentar una increíble gama de enormes almacenes y supermercados, es el lugar de reunión de agentes de espionaje de medio mundo, representantes de vendedores de armas y de traficantes de droga, contrabandistas de objetos y de información, que se mueven como peces en el agua en el flexible territorio paraguayo. Allí los norteamericanos lograron capturar el pasado martes 15 de junio a uno de los supuestos financieros de Hizbulá, Moussa Alí Handan, un libanés que espera ahora su inmediata extradición. Y allí se anunció el miércoles día 16 que habrá un vuelo carguero directo, cada diez días, entre Ciudad del Este y Shanghai. “Puro rubro informático-electrónico”, aseguran sus impulsores, “que mueve unos 2.500 millones de dólares al año solo en esta ciudad”.

Nada que ver con Concepción, San Pedro o Ambabay, los departamentos agrícolas del norte del país, donde se vive completamente al margen de ese otro Paraguay y donde a nadie le importa mucho lo que pase. Aquí no hay carreteras ni supermercados, sino caminos de tierra, superficies deshabitadas y enormes extensiones de pastos que pertenecen a unas pocas haciendas ganaderas, en su mayoría propiedad de terratenientes y empresas brasileñas, como la famosa Matte Langareira, que nunca fue conocida por su sometimiento a otra ley que no fuera la suya propia.

En buena parte de estas haciendas, los pocos peones que necesita la faena viven allí mismo, acaso con sus familias, agrupados en pequeños cascos, junto a la casa de los capataces y, quizás, el gran chalet, casi siempre vacío, que se hizo construir el dueño. Les dan comida, combustible, cobijo, “un pequeño sueldo” y unos horarios muy estrictos: incluso el domingo, cuando aprovechan para visitar a vecinos o para convertirse en la hinchada de un pequeño equipo de fútbol local, han de volver a atravesar la cerca antes de que se haga de noche.

También viven allí, para su desgracia, y bien lejos de los potreros donde se cuida a las vacas jóvenes, pequeñas comunidades indígenas que quedaron congeladas en mitad de las enormes fincas y que malviven en chozas de madera y paja, sin la menor asistencia ni ayuda.

Lirio Benítez es el dirigente de una de estas comunidades, enterrada en la hacienda Agüerito. Se identifica a sí mismo como perteneciente a la etnia pai tavyterá y ha salido a nuestro encuentro en cuanto hemos entrado en su territorio, atravesando a duras penas un camino infame, el peor de la estancia, donde residen las 48 familias de su grupo. Afirma que ese pedazo de terreno empapado se llama Hegua Hatý y que es suyo desde hace más de 60 años. Está enfadado porque ha cortado en el monte cercano algunos árboles que ahora las autoridades le prohíben vender. Para colmo, asegura que los estancieros, que quieren que corte y venda la madera para dar más espacio al pasto, le han suprimido los 15 kilos de comida por familia que les facilitaban cada mes, seguramente para que presionen más a los organismos oficiales y consigan acabar con el bosque. “Con esos 15 kilos no llegamos ni a comer quince días”, asegura, delgada y firme, su mujer, Rosa.

Los indígenas no se muestran nada molestos por la presencia de los tres jóvenes policías que nos acompañan. Todos hablan guaraní entre sí y se hacen bromas. Manuel, con su fusil M-14, boca abajo y su pesado chaleco antibalas, que le hace sudar la gota gorda, solo tiene 23 años y observa tranquilamente este diálogo, en castellano, con uno de los hijos de Lirio, Anastasio, de 39 años.

-¿Cree que el EPP será de alguna ayuda para ustedes?

-El EPP es una ayuda. Nadie lo hace. Nadie nos presta atención. Ellos ayudan.

-¿Han pasado los guerrilleros por aquí alguna vez?

-Yo no les vi.

Durante el secuestro de Lindstron, el EPP exigió que sus familiares entregaran diez cabezas de ganado a determinadas etnias indígenas y que distribuyeran cortes de carne en algunos barrios pobres de Asunción. Una etnia se negó a recibir el ganado, unos dicen que por miedo a las represalias de los ganaderos y otros, porque sus dirigentes están hartos de que unos y otros les utilicen para sus fines.

Aquí, en el norte, sería difícil que los indígenas rechazaran las vacas. Su pobreza extrema y su abandono total convierten el territorio en la zona caliente del EPP, el terreno en el que el comandante Alexander, cuyo verdadero nombre es Osvaldo Villalba Ayala, un joven de unos 30 años, que procede de organizaciones sociales de raíz católica, se puede esconder y planear nuevas acciones y secuestros de terratenientes. Por él y por su pequeña guerrilla, los ganaderos exigen que los militares incursionen en montes y bosques, para acosarlos y detenerlos. Por él, el presidente Lugo tuvo que aceptar un periodo de estado de excepción de 30 días, que llevó a 3.000 soldados al lugar, pero que no ha servido de gran cosa. Osvaldo, la joven Magna Meza, Manuel Cristaldo Mieres y sus compañeros siguen en libertad, en algún punto de esta impresionante tierra roja.

Sobre este terreno se libra también una batalla política importante, entre los que quieren que el Estado se limite a enviar al Ejército para buscar a los guerrilleros y los que creen que esta es la ocasión para intentar que el Estado se asiente en un territorio en el que ha estado casi totalmente ausente hasta ahora, dejando todo en manos de los propios estancieros. Una batalla que incluso dio origen a un enfrentamiento armado entre fuerzas militares y un destacamento de las Fuerzas Operacionales de la Policía Especializada (FOPE). Ocurrió el pasado mes de mayo, cuando 350 soldados al mando del coronel Ramón Benítez, cercaron y atacaron el campamento de las FOPE en Hugua Ñandú. Solo el sentido común del oficial de policía Derlys González, que, tras parapetarse e intercambiar algunos tiros, dio orden a sus hombres de rendirse, evitó una masacre. “Me pregunto si el Ejército quería realmente que pasara algo malo, para poner en un aprieto al Gobierno del presidente Lugo. Yo personalmente barajo esa hipótesis”, comenta González, que tiene 27 años y está dispuesto a hacer una carrera profesional “en una policía profesional”.

“Militarizar este departamento no es la solución del problema”, asegura Luis Acosta Paniagua, el joven intendente de la ciudad de Concepción. Pertenece al Partido Liberal, que ayudó a llegar al poder al presidente Lugo y a echar al Partido Colorado, después de 63 años continuados de gobierno. “El EPP ha surgido por el abandono que los Gobiernos anteriores han hecho de esta región”, asegura. “Mientras no tengamos Estado no habrá nada que hacer”.

Acosta, hijo de ganaderos, no comparte la exigencia de los grandes estancieros, la siempre peligrosa Asociación Rural. “Aquí lo que necesitamos es caminos que no se inunden, escuelas, sanidad”, afirma, con cansancio. Ha decidido no volverse a presentar, harto de no conseguir nada de lo que precisa. El Estado no tiene dinero que enviarle porque el Gobierno de Lugo no consigue obligar a los estancieros a pagar impuestos sobre las exportaciones de soja o de carne, como sucede en los países vecinos. “Los estancieros solo quieren al Ejército. No al Estado”, sentencia, “pero se equivocan, porque al EPP no se le va a poder combatir con militares sino con la presencia del Estado”.

En boca del alcalde, la minúscula guerrilla se convierte en una amenaza importante y en un argumento a su favor: “Si el Estado no hace algo, el EPP subirá”. ¿Por qué necesitan los estancieros al Ejército, si tienen sus propios grupos de seguridad, armados y pagados por ellos mismos? “Bueno, eso no ha impedido dos secuestros importantes en la región”, explica. Los servicios de seguridad, dirigidos por los capataces, funcionan dentro de las haciendas y se han empleado hasta ahora en combatir el abigeato, el hurto de ganado. “Por aquí siempre ha habido pequeñas bandas de delincuentes comunes que pueden robar dos o tres cabezas por mes”, asegura Miguel Irigoyen, periodista local. “Y en las estancias, los capataces y sus matones siempre juegan a matar”.

Concepción bulle con miles de motos de pequeña cilindrada, con dos, tres y hasta cuatro pasajeros, que han sustituido a los caballos. “Son más fáciles de guardar y de mantener”, se ríe Irigoyen. “Y además, son capaces de pasar por caminos que parecen intransitables, algo imprescindible en esta zona”. La ciudad tiene dos hoteles limpios, el Victoria y el Francés, y muchas tiendas y comercios que dan servicios a las estancias que se suceden y entrelazan a lo largo de todo el departamento: Agüerito tiene más de 20.000 hectáreas, pero no es la más grande, dicen. En Hugua Ñandú, a algo más de cien kilómetros de la capital, por esos caminos de tierra y barro, hay un grupo de casas de peones, un asentamiento que se hizo conocido por la existencia de agrupaciones campesinas que reclamaban el reparto de la tierra. Por aquí, y en puntos cercanos como Kurusú de Hierro, Paso Barreto u Horqueta, fueron asesinados por sicarios desde 2003 ocho dirigentes campesinos, sin que nunca se localizara a sus ejecutores, según datos del informe Chokokue, realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Paraguay.

Fue un momento peligroso, asegura la Codehupy, porque las asociaciones campesinas creyeron que con la caída de la dictadura podían avivar sus reclamaciones de tierra y se produjeron bastantes ocupaciones de fincas. Pero había caído Stroessner, no el Partido Colorado y de 370 ocupaciones que se registraron entre 1990 y 2004, casi 360 fueron desalojadas violentamente, con más de 7.000 campesinos detenidos. Fue cuando empezaron a proliferar las ejecuciones: 77 hombres y mujeres vinculados con el movimiento campesino fueron asesinados en los cinco departamentos del norte. Nadie ha sido aún detenido ni condenado por esas muertes.

En la estancia de Agüerito, el capataz autoriza por teléfono móvil a que nos abran la cerca, podamos recorrer la hacienda y ver la escuela que ha levantado el Gobierno, relativamente cerca del asentamiento indígena, para que los niños puedan recibir instrucción. Se trata de dos edificios de madera y uralita. En uno, con puertas y candado, se guarda el material educativo y la leche que recibirán los alumnos todos los días. La escuela propiamente dicha no tiene puertas y sí suelo de cemento, varios bancos escolares y dos pizarras enfrentadas en los extremos del recinto. En la de los “mayores” hay deberes programados: “Escribir tres oraciones afirmativas y tres negativas”. En la de los pequeños, un cartel con el alfabeto guaraní. El 80% de los paraguayos habla esa lengua propia, al mismo tiempo que el español, pero un 24% solo es capaz de expresarse en guaraní, entre ellos los niños de esta etnia.

“Atiende la escuela un maestro que viene en moto todos los días. Un maestro de verdad”, precisa, orgulloso, el peón que nos acompaña. Es una aclaración importante, porque en Paraguay hay todavía centenares de maestros ad honorem, personas humildes, de poca instrucción, pero que saben leer y escribir y que se ofrecen a dar clases, sin salario ni remuneración alguna, en lugares a donde los profesores de verdad ni llegan ni se les espera.

Aquí mismo, en Agüerito, no lejos de la escuela, se reportó hace algún tiempo la presencia de un pequeño grupo de hombres que recorrían el monte. Según el diario Abc Color, “al verse rodeados, detonaron una granada, para intimidar a sus perseguidores, civiles y policiales, y poder darse a la fuga”.

En compañía del oficial Jorge Ochipindi, de las FOPE, recorremos la llamada Calle 18, un camino de tierra que atraviesa otra zona conflictiva y en la que se han instalado barreras móviles de la policía, encargadas de identificar a todos los que pasan. Las pocas camionetas que se mueven por la Calle 18 traquetean con dificultad en el barro, mientras que las pequeñas motos zumban como los diminutos y hambrientos mosquitos de la zona. La presencia de Ochipindi no es suficiente para lograr que el capataz de la hacienda Guarani nos abra el portón. De allí son los tres empleados de seguridad (matones, según otras fuentes) que fueron asesinados por el EPP el pasado mes de abril, el ataque que dio origen, precisamente, al estado de excepción. “Está oscureciendo y tienen orden de no permitir que nadie atraviese las cercas”, explica el policía.

Relativamente cerca de allí, en Kurusú del Hierro, cuando se allanaba un supuesto lugar de acopio de marihuana (Paraguay es uno de los mayores productores del mundo) se encontró, en agosto de 2009, un supuesto manual del EPP. Eran unas páginas desparejas, manuscritas, obra de Alcides Oviedo, marido de Carmen Villalba, y condenado como ella a 18 años de cárcel por su participación en un secuestro anterior, el de Maria Edith Bordón de Debernardi. El texto, sobre la conveniencia de tener siempre a alguien secuestrado (técnica atribuida a las FARC colombianas) y con instrucciones sobre cómo moverse por el bosque o cómo torturar a un detenido, fue publicado íntegramente por el diario conservador La Nación, con un éxito formidable e inesperado. Según su director, se agotó la primera edición, de 7.000 ejemplares, por lo que hubo que reimprimir el supuesto manual guerrillero durante dos días consecutivos, siempre con la misma acogida. Probablemente, el pequeño EPP nunca soñó con tener un eco semejante. “Con suficiente propaganda, con los dólares que van acumulando y con la inexistencia del Estado en todo el norte del país, el EPP, que hoy en día es un pequeño grupo criminal, casi fantasmal, podría llegar a convertirse en un embrión de algo serio”, se lamenta el ministro del Interior, Rafael Filizzola.

Publicado en el diario El País de España.

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