Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

¿Quién manda en Internet?

Por DAVID ALANDETE  (El País)

¿Quién manda en la Red? Las empresas de telefonía y cable ofrecen conexiones a Internet de pago. Los proveedores de contenidos, como Google o Yahoo, aportan la información, financiándose con la venta de publicidad. Los usuarios pagan por su acceso a la Red y, con sus visitas, generan tráfico e incrementan los ingresos publicitarios. En esta cadena de servicios, ¿quién gestiona el tráfico online? ¿Quién tiene el derecho de aligerar o ralentizar las conexiones? ¿De quién es Internet?

De momento, quienes pueden gestionar físicamente la Red son los proveedores de Internet. En España, lo hacen empresas como Telefónica, que ofrecen conexiones y cobran por ellas. Con la generalización de la Red, esos proveedores denuncian que se les niega una oportunidad de negocio: los usuarios usan Internet como desean, los proveedores de contenidos se enriquecen a sus expensas, y pese a ello, sus ingresos se mantienen planos.

Ese enfado lo expresó el presidente de Telefónica, César Alierta, en febrero. “Es evidente que los buscadores de Internet utilizan nuestra red sin pagar nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero también es evidente que esto no puede seguir. Las redes las ponemos nosotros; los sistemas los hacemos nosotros; el servicio posventa lo hacemos nosotros. Esto va a cambiar, estoy convencido”, dijo.

El Gobierno de Francia ha lanzado una consulta popular para recabar la opinión de la ciudadanía al respecto, y Bruselas espera debatir un modelo para Europa antes de verano.

Alierta representa los intereses de los proveedores de conexión, quienes no sólo piden que se cobre a las empresas de contenidos. También reclaman la capacidad de gestionar sus redes, aunque suponga cierta discriminación contra ciertos usuarios. Hay ya un pronunciamiento judicial sobre el asunto en Estados Unidos. El 6 de abril, un tribunal sentenció que el Gobierno no tiene derecho a obligar a las empresas de telefonía y cable a que sean neutrales a la hora de tratar a sus clientes. Es decir, un proveedor (como Telefónica o, en EE UU, Comcast) tiene el derecho a discriminar a un usuario que use programas que ocupen mucho ancho de banda.

Comcast, la mayor operadora de cable de EE UU, comenzó en 2007 a ralentizar el tráfico de usuarios que ejecutaran frecuentemente programas de intercambio de archivos P2P. Uno de ellos, Raam Dev, de 28 años, hizo una prueba con su conexión. Era cliente de Comcast desde hacía cuatro años. Comenzó a utilizar el programa de intercambio de archivos BitTorrent y notó una gran ralentización. Decidió usar un programa para medir la velocidad de las descargas. Pasaron de 18.878 a 4.500 Kbps [kilobits por segundo], después de que se bajara un archivo legal a través de un torrent [programa de acceso a páginas de descarga].

“Repetí el experimento una media docena de veces”, explica. “En cada ocasión, mi conexión se ralentizó de forma considerable, después de que pasara unos cuatro o cinco minutos descargando de un torrent, y luego regresaba a la normalidad después de 20 o 25 minutos”. Hace años que dejó de ser cliente de Comcast, pero sigue indignado por esa política. “Es como si la compañía telefónica distorsiona las llamadas cuando sus clientes hablan de asuntos que a la firma no le gustan. Es absurdo”.

Lo mismo opina la agencia del Gobierno que regula las comunicaciones de EE UU, la Federal Communications Commission (FCC), que en 2008 amonestó verbalmente a Comcast por ralentizar según qué tráfico. El entonces presidente de la Comisión, Kevin Martin, dijo: “¿A alguien le agradaría que el servicio de correos abriera su correspondencia y decidiera que no quiere molestarse en entregarla, devolviéndosela al remitente con la excusa de no haber encontrado al destinatario?”.

Comcast se justificó diciendo que esas medidas correspondían a una mera “gestión de la red”. “La gran mayoría de los 9.000 millones de protocolos de control de transmisión de redes P2P que se dan en la red de Comcast no se ven afectados por esa medida”, explicó Sena Fitzmaurice, portavoz de la firma. “Sólo entre un 6% y un 7% de nuestros clientes utilizan P2P semanalmente”.

A lo largo de los años, se han creado dos bandos en la batalla por la neutralidad en Internet. Por un lado, las empresas proveedoras de contenido online, como Google, Amazon o Skype, apoyadas por la Administración Obama. Por otro, Comcast y los otros grandes proveedores, como Verizon o AT&T, que consideran que la infraestructura es suya y pueden hacer lo que quieran.

Hasta los padres fundadores de Internet se significaron, mandando, en octubre, una carta abierta a la FCC. “Creemos que las propuestas de neutralidad en la Red de no discriminación y transparencia son componentes imprescindibles de una agenda de políticas públicas centrada en la innovación que necesita esta nación”, dijeron, entre otros, Vint Cerf, el vicepresidente de Google.

Durante meses, la batalla parecía favorable a un bando. La neutralidad en la Red se imponía. Hasta tal punto que el pasado 22 de octubre la FCC presentó sus principios para lograr la neutralidad total de Internet. Entre sus más novedosas propuestas, tres: que los proveedores de Internet no puedan impedir que los usuarios compartan información legal en la Red; que respeten la libre competencia entre proveedores de contenidos, sin favorecer a unos u otros, y que informen al Gobierno y a sus clientes de cómo gestionan sus redes.

Obama dijo, días después, que no podía estar más de acuerdo. “Ese es el papel del Gobierno: invertir para incentivar la innovación e imponer normas de sentido común que aseguren que existe un campo de juego nivelado”.

El ascenso de la neutralidad parecía inevitable, hasta que el pasado día 6 un juzgado de Washington sentenció que el Gobierno no tiene derecho a dictar a los proveedores de banda ancha cómo deben gestionar sus redes, y que FCC se había excedido en sus competencias. Hay un motivo principal para ello: según la ley de telecomunicaciones de 1996, Internet es un servicio de información, no de telecomunicaciones. La FCC sólo puede regular servicios de telecomunicaciones (telefonía, emisión de radio, satélite, cable coaxial).

Las firmas telefónicas y de cable se han felicitado por esta victoria legal. Ni el Gobierno ni la FCC han reaccionado todavía. Los líderes demócratas en el Congreso, sí. Y han anunciado que intentarán reclasificar Internet y ponerlo en la categoría de la telefonía. Entre ellos, el senador por Massachusetts, John F. Kerry: “La FCC debe tener autoridad legal al respecto y un cambio semejante sería coherente con la historia de las telecomunicaciones en EE UU”.

“Más bien al contrario”, opina el investigador asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford Larry Downes. “Si el Gobierno gana la capacidad de regular Internet, puede imponer tarifas y precios, lastrando el mercado. Ese tipo de regulación se aplicaba el siglo pasado, cuando había un monopolio legal en la telefonía, algo que sucedió hasta 1984. Además, implica que los Gobiernos estatales y locales pueden imponer también impuestos y tarifas, haciendo que los servicios se encarezcan”.

“¿Si algo funciona, por qué tocarlo?”, explica Downes. “A pesar de esos casos aislados, Internet funciona de forma imparcial. Desde nuestras conexiones, podemos acceder a cualquier web del mundo, siempre que no haya censura. Es anacrónico que el Gobierno federal quiera erigirse como un policía de la Red, intentando solucionar un problema antes de que exista”.

Por motivos comerciales, lo mismo opinan los proveedores. En febrero, dos de las grandes operadoras, AT&T y Verizon, redactaron una carta abierta en la que decían que reclasificar los servicios de Internet sería una medida “extremista”. “Este drástico giro en la normativa sería insostenible legalmente, y, como mínimo, hundiría a la industria en años de litigios y caos regulatorio”. Era un aviso.

El caso de Comcast es, sin embargo, aislado. Ese tipo de ralentización o bloqueo de las conexiones sólo ha ocurrido con otra empresa, Madison River Communications, en 2005. “El riesgo de que una compañía ralentice el tráfico de sus usuarios está siendo exagerado”, opina Robert Litan, economista y abogado del centro Brookings de Washington. “El mercado de Internet en EE UU es muy competitivo. Las empresas ofrecen servicios cada vez mejores por precios cada vez más módicos. Sólo por la mala publicidad que conlleva, es poco probable que Comcast vuelva a acometer una medida semejante”.

Entonces, ¿es éste un debate meramente teórico? ¿Es algo que sólo vaya a definir cómo los ciudadanos navegan por la Red? Los proveedores de conexión y muchos analistas opinan que no, y apuntan hacia un sector específico que ha abierto el debate y que se beneficiará de una normativa como la propuesta por Obama: las firmas que ofrecen contenidos, como Google, Microsoft, Yahoo o Amazon. Puede, dicen, que ese angélico apoyo a la neutralidad, la libertad, la transparencia en Internet esconda intereses comerciales.

“Las empresas que crean aplicaciones, como Google, Amazon o Ebay, son las grandes beneficiarias de la neutralidad”, explica Downes, de Stanford. “Con estas iniciativas, se aseguran, de forma preventiva, que ganarán la mano a los proveedores de conexión. En realidad funcionan como un lobby: fuerzan un tipo de legislación para beneficiarse de ella. Pero lo cierto es que el control gubernamental de la Red sólo perjudicaría a la competitividad en el mercado. ¿Qué interés tienen las empresas de cable y telefonía en mejorar las infraestructuras si no pueden obtener un beneficio adicional por ello?”. Es decir, si Google y otros pagan por usar la Red, Comcast y Telefónica tendrán más incentivos para mejorar sus infraestructuras, beneficiando finalmente al usuario.

Las organizaciones ciudadanas que abogan por la imposición de una neutralidad lo hacen citando otras posibles consecuencias. “Entendemos que las empresas quieran hacer dinero”, explica Liz Rose, portavoz de Free Press, que demandó a Comcast en 2007, por el caso que ahora se ha fallado en Washington. “Lo que queremos es que los consumidores tengan derechos. Ninguna empresa telefónica o de cable debería censurar lo que los internautas comunican a sus amigos. Según están las cosas hoy, puede hacerlo. Comcast no debería ser capaz de censurar creencias políticas en la Red y lo es. No debería ser capaz espiar las comunicaciones de sus usuarios y vender la información a empresas publicitarias”.

La mención de la publicidad no es casual. Y puede que, eventualmente, el debate de la neutralidad en la Red se centre en los ingresos por publicidad. Comcast está en una posición comprometida. En diciembre, General Electric anunció su intención de venderle parte del conglomerado multimedia NBC. Eso significa que la mayor operadora de cable del país dispondrá también de una gran plataforma de contenidos que incluye cadenas televisivas como NBC, Bravo o SyFy.

Con esto, si Comcast decide priorizar un tráfico en sus redes sobre otro, y si tiene el derecho de hacerlo, ¿quién le impide hacer que el contenido de sus canales y sus web se cargue más rápido que las de la competencia y obtener más ingresos por publicidad?

En este delicado equilibrio que es la arquitectura comercial de la Red, el concepto de neutralidad es tan complejo como cambiante. Dice servir a los ciudadanos, pero no es un asunto, exclusivamente, de libertades civiles. Se apoya en unos intereses económicos subyacentes. En medio de la polémica, EE UU puede erigirse como un paradigma de intervención gubernamental, algo que no sucede muy a menudo.

Publicado en el diario El País de España.

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