Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

Botnia: Uruguay celebra


Por LA DIARIA

La Corte de La Haya dictaminó que Uruguay falló en los procedimientos pero no en el cuidado del ambiente, y que no corresponde la aplicación de sanciones ni la reubicación de la planta de UPM.

Dos horas y 18 minutos tardó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en dar a conocer su pronunciamiento acerca de la demanda planteada por Argentina contra Uruguay por violación del Tratado del Río Uruguay. Pero lo que parecía ser el principio del fin de un conflicto de varios años fue el comienzo de una nueva controversia sobre las dos lecturas del fallo, que en principio dejó a ambas partes satisfechas, a UPM (ex Botnia) funcionando y a los ambientalistas de Gualeguaychú instalados en la ruta 136, con advertencia de que no los moverán. En algo coincidieron las partes, pero en un sentido contrario a lo que falló La Haya, acerca del fortalecimiento de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Entre los mandatarios el juego lo abrió Cristina Fernández, aunque el primer posicionamiento gubernamental lo hizo Uruguay desde Punta del Este, por intermedio del canciller Luis Almagro. Desde Caracas la presidenta argentina aseveró, a media tarde, que tras el veredicto “quedó confirmado que nosotros no planteamos una excusa. De ahora en adelante, nadie se va a poder instalar sobre el río Uruguay sin el acuerdo de ambos países. Y además vamos a acordar un fuerte monitoreo conjunto”. En ese tren conciliador que ella y su colega José Mujica le han dado al asunto, agregó que “nadie puede estar conforme con un escenario de conflictividad”.

A renglón seguido, y al igual que lo había hecho su canciller, Jorge Taiana, el día antes del pronunciamiento del tribunal de La Haya, Fernández destacó el cambio ocurrido luego del 1º de marzo, con el cambio de mando en Uruguay y enfatizó que el presidente es “un amigo”, que hay “una historia común” que va a permitir “construir mecanismos de control que van a ser la enseñanza básica de lo firmado”. Antes de que se produjera la salida de Tabaré Vázquez, Mujica y Fernández ya habían acordado crear una comisión binacional para canalizar la salida consensuada a la solución -presidida por sus cancilleres- y cuya puesta en marcha se espera que ocurra a partir de ahora.

En Uruguay, la versión oficial había sido dada por el canciller Luis Almagro, en conferencia de prensa desde Punta del Este, donde oficia de anfitrión de la cumbre del Grupo Cairns. En primer lugar, declaró: “Queremos reiterar nuestra mejor y larga tradición al derecho internacional y a los órganos jurisdiccionales”. Luego aportó la visión oriental del asunto, destacando que la CIJ juzgó que “Uruguay no incumplió con sus obligaciones de fondo, detalladas en los artículos 35, 36 y 41”, lo cual denota la “excelencia de la política ambiental uruguaya y su respeto a los estándares internacionales”, tal como destaca el sitio de Presidencia. También mencionó la importancia de la CARU a partir de ahora y recordó que antes del 20 de abril los presidentes habían anunciado el compromiso de reunirse a la brevedad luego de que se conociera lo establecido por la CIJ. Hasta las 22.00 Mujica no había realizado ningún comentario; se espera que lo haga hoy de mañana, en la inauguración de una planta automotriz en San José.

Haya paz

En líneas generales, la conclusión en la que más acuerdo ha hecho la mayoría de los actores es que Argentina no pudo demostrar que UPM contamina por encima de los parámetros permitidos y que Uruguay no respetó los mecanismos dispuestos en la CARU, pero que, sin embargo, este incumplimiento formal no perjudicó los asuntos de fondo que hacen al tratado, por ejemplo su navegabilidad, la calidad de sus aguas y la alteración del ecosistema.

Tras la lectura de la sentencia, que estuvo a cargo del presidente del tribunal, Peter Tomka, las delegaciones de ambos países presentes en Holanda llevaron agua para su molino. La jefa de la comitiva argentina, Susana Ruiz Cerrutti, se mostró “conforme” y entendió que “la conclusión práctica más importante es que no va a haber más pasteras de Uruguay sobre el río sin consultar a la Argentina; si Uruguay tiene nuevos proyectos va a tener que consultar sí o sí a la CARU. Lo que ocurrió con ENCE y con Botnia no va a volver a suceder”. Su contraparte, el ex canciller uruguayo Pedro Vaz, expresó en diálogo con VTV que tiene “una gran satisfacción por la decisión de la Corte” y que “ésa es la primera sensación y el primer elemento a manejar”.

Uruguay estuvo representado también por un observador de cada partido con presencia en el Parlamento: Sergio Abreu (Partido Nacional), Hebert Gatto (Partido Independiente), Ope Pasquet (Partido Colorado) y Alberto Couriel (Frente Amplio). El senador oficialista dijo a la diaria que “acatar el fallo significa que cuando haya otra inversión [como la de Botnia], hay obligación de informar ante la CARU”. Por su parte, Pasquet reflexionó que “el asunto queda terminado de esta manera y comienza una nueva etapa en la cual Argentina y Uruguay en la CARU tendrán que encontrarse, trabajar juntos y administrar de la mejor manera el río Uruguay”.

Confirmó cuál será uno de los acuerdos que buscarán ambos países para, en la práctica, volver a timonear el manejo del tema: “Uruguay y Argentina van a encontrarse en la CARU para controlar juntos que UPM cumpla con las obligaciones que debe cumplir, para controlar que no contamine y para que cualquier planteamiento que aparezca en lo sucesivo se someta a los procedimientos establecidos en el estatuto”.

Acá también

Couriel y Pasquet también destacaron que, si bien Uruguay no cumplió con sus “obligaciones de procedimiento”, sí lo hizo con las “sustantivas”, por lo que evaluaron que el resultado es positivo. El coordinador de la bancada de senadores del FA considera que es importante “que exista un fallo”, porque “permitirá adentrarse en un nuevo tipo de relaciones con Argentina: esto puede generar más diálogos, más acuerdos, así como empezar a resolver varios temas pendientes”. El legislador también manifestó “confiar mucho” en el presidente Mujica para esta nueva fase de negociación, aunque admitió que el bloqueo de los piqueteros de Gualeguaychú es “del gobierno argentino”.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira opinó que el resultado estuvo “dentro de lo previsible” y que se hubiera evitado la instancia en la CIJ si la existencia de “una asamblea no hubiera emplazado políticamente al gobierno argentino”. “Esta instancia enmarcada en el cambio de gobierno y las señales de acercamiento que ha dado Mujica podría contribuir a ir desmontando la situación de bloqueo [del puente General San Martín]. La finalización del bloqueo va más allá de la invocación de normas y leyes, remite a un problema político. El gobierno argentino tiene limitadas las capacidades políticas, aunque no las legales, para imponer una restricción al bloqueo”, evaluó. En ese sentido, añadió que “la constatación de que la planta no es contaminante” es importante para nuestro país pero es negativa para la asamblea de Gualeguaychú.

El acatamiento de Uruguay tiene que ver, según Moreira, con “actuar diferente” en próximos emprendimientos: “Con vecinos grandes, las cosas prolijas; se acabaron los acuerdos informales”. Del lado argentino, la senadora opinó que “el fallo no obliga a tomar medidas contra Gualeguaychú; el tema es que el fallo deslegitima buena parte de los argumentos de la asamblea y por ese lado podría aplicar medidas disuasivas”.

El líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga, sostuvo que se trató de un “fallo histórico y de enorme trascendencia”. “El fondo del asunto es claramente favorable a la tesis de Uruguay. No quiero exhibir triunfalismo, ya que no va de la mano de la posición de recato, equilibrio y responsabilidad que tiene que tener el país en esta coyuntura posfallo en la que se abre una etapa de indudable trascendencia e importancia en el relacionamiento lateral”, dijo al respecto, y además desestimó que el fallo pueda repercutir negativamente en la imagen del país.

Sobre las futuras relaciones bilaterales, Moreira sostuvo que a Mujica “le va a ir bien de la misma manera que le fue mal a Vázquez”. El presidente, dijo, “es un líder bien mirado por sus pares de izquierda”, pero su antecesor “compró un conflicto” donde “la inmensa mayoría de las cosas” venían dadas desde el gobierno de Jorge Batlle, incluyendo el incumplimiento formal, señalado por La Haya, de consultar a la CARU respecto de la instalación.

“¿Cómo no voy a asumir esa responsabilidad si entendimos que no teníamos necesidad de consultar y la prueba del nueve es que no hay polución?”, dijo a la diaria el ex presidente colorado. Batlle entiende que haber recurrido a la CARU era dar por supuesto que la actividad de la pastera contaminaba. “El fallo no obliga a Uruguay a ninguna cosa y, a mi juicio, el Estado uruguayo cumplió. ¿Cuándo nuestro país o Argentina presentó una consulta a la CARU?”, preguntó.

El tratamiento de la relaciones diplomáticas “es un asunto que tiene que asumir el gobierno” y que “apoyaremos como lo hicimos durante la administración de Vázquez”. En todo caso, para Batlle el dictamen no le da elementos a Uruguay para exigir que se levante el bloqueo. “Eso tiene que ver con el tratado del Mercosur y las leyes de la República Argentina”, afirmó.

Por el contrario, desde Estados Unidos, el sucesor de Batlle le dijo a El País que el bloqueo de los puentes debe ser levantado de inmediato. “Es lo único ilegal de todo el problema”. “El gran asunto que tenemos entre Uruguay y Argentina es el corte del puente”, agregó Vázquez, quien también se expidió sobre el no cumplimiento del tratado, y dijo que lo “que hay que hacer en el futuro es cumplirlo. Y no sólo por nuestro país, también por Argentina porque instaló una cantidad de industrias sobre el otro lado del río Uruguay y no nos consultó”.

Publicado en el diario La Diaria de Uruguay.

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