Edición 27/02

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«Describe tu aldea y serás universal», decía Tolstoi. ¿Y por qué no intentar el ejercicio contrario?

Botnia: Argentina no se conforma


Por CRÍTICA DE LA ARGENTINA

El gobierno argentino apenas pudo disimular el revés que sufrió ayer cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que la planta de pasta de celulosa Botnia no provoca contaminación en el río Uruguay. Aunque el tribunal admitió que el vecino país incumplió uno de los puntos establecidos en el tratado bilateral para la administración del curso de agua compartido, no hubo sanciones ni reprimendas. En los hechos, el fallo implica que la fábrica instalada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos continuará con su producción y que Cristina Kirchner deberá enfrentarse a la encrucijada de cómo desarticular el bloqueo del puente binacional cortado por los asambleístas de Gualeguaychú, que lleva más de tres años y medio. Y que fue ratificado anoche. “La ilegalidad de Botnia confirma que la lucha de la Asamblea es justa, legítima y noble, y que seguirá con más fortaleza que nunca”, dijeron los ambientalistas.

Cristina Kirchner intentó sortear el golpe haciendo eje en la cuestión de forma: “El fallo recepta el pedido que había hecho la Argentina de que no se había respetado el Tratado del Río Uruguay. Lo más importante es que, a futuro, no podrá hacerse nada sin consulta”, se entusiasmó la presidenta desde Venezuela, donde participó en los actos de celebración del bicentenario de ese país, invitada por Hugo Chávez. En la Cancillería siguieron esa lógica optimista: “Argentina no tiene todo lo que pidió, pero sí más de lo que tenía. Uruguay tiene un fallo en contra por violar en 10 ocasiones un tratado internacional, que será una dura carga para su imagen internacional”, evaluaron. El gobierno argentino encargó además encuestas de opinión pública sobre el corte del puente internacional que puede utilizar si la continuidad de la medida tiene apoyo popular.

En Uruguay eligieron una postura mesurada a pesar del éxito que significó la resolución de La Haya. El presidente José “Pepe” Mujica dio la orden a su gabinete de que sólo el canciller Luis Almagro opinara sobre la cuestión, dijeron a Crítica de la Argentina fuentes con acceso al mandatario oriental. Y que las declaraciones fueran en sentido de construcción. A Mujica le interesa mantenerse lejos de las provocaciones de su antecesor, Tabaré Vázquez, porque quiere reconstruir el vínculo con la Argentina y revitalizar las relaciones comerciales, turísticas y de transporte. Ambos gobiernos podrían definir en los próximos días la rediscusión del Tratado que regula la administración del curso compartido y que crea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Cuando a las 10, hora argentina, los jueces de la Corte Internacional –presididos por el eslovaco Peter Tomka– ingresaron en la sala de audiencias del Palacio de la Paz en La Haya, el equipo diplomático argentino conducido por la consejera legal Susana Ruiz Cerutti comenzó a escuchar lo que ya sabía de antemano. Para 11 de los 14 jueces de la Corte, “Argentina no ha producido pruebas concretas” que evidencien la contaminación del río Uruguay, por lo que “la postura argentina no se sostiene”. Agregaron que Montevideo “presentó numerosos datos respecto del monitoreo de efluentes” y que, en cambio, Argentina “no presentó elementos probatorios concluyentes” que rebatan la postura del país vecino. Uno a uno, y en el tramo más extenso de la resolución de 138 páginas, rechazó otros argumentos que planteó la Argentina para apoyar su pretensión. “No hubo incumplimiento en la cuestión sustantiva” del Estatuto de 1975 que regula la administración del río compartido, consideró el Tribunal y, por lo tanto, “no hay motivos para ordenar el cese ni corresponde el desmantelamiento” de la pastera.

Una consideración más breve mereció el reclamo de la Argentina respecto de que Uruguay no respetó los 180 días de consulta bilateral antes de autorizar el emprendimiento. “Uruguay no respetó la obligación de negociar y desconoció el mecanismo de cooperación. No tenía derecho, durante el período de consultas, ni a autorizar la construcción ni las plantas entonces proyectadas ni la terminal portuaria”, dictaminó la Corte. Pero no hubo sanciones. La posición abrumadora de 14 votos a favor y 1 en contra no fue suficiente para disipar las conclusiones de derrota.

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Bronca y decepción en Gualeguaychú

“Inentendible” e “incoherente”. Así calificaron los miembros de la asamblea de ambientalistas de Gualeguaychú el fallo difundido en el día de ayer por la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el conflicto bilateral entre la Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos. La decisión del tribunal, por ahora, no alterará la determinación de los asambleístas. “Vamos a continuar con los cortes de ruta”, anunció a Crítica de la Argentina uno de los líderes de Arroyo Verde, José Pouler.

“A continuar. La Asamblea no va a bajar los brazos”, afirmó Jorge Fritzler ante la pregunta de este diario sobre qué hacer después del veredicto en el que la máxima instancia de justicia internacional determinó que Uruguay violó el tratado bilateral. Pero el pedido de “relocalizar la planta” –hecho por la asamblea de ambientalistas hace más de tres años– no fue concedido. Al contrario, en poco más de 200 hojas de fallo, La Haya sentenció que no hay motivos para “ordenar el cese de Botnia”.

Ante este escenario, Pouler afirmó: “El fallo es inentendible. Por un lado reconoce que Uruguay ha violado un artículo del Tratado del Río Uruguay, pero, por el otro, deja funcionando la planta”. Esta disconformidad fue reiterada por el asambleísta Fritzler, quien sintetizó su desacuerdo al fallo: “Hay condena, pero no hay sanción”. Y añadió: “Si es ilegal no tendría que seguir funcionando”. Por su parte, otro vecino, Gustavo Rivolier, expresó que “la ilegalidad se repara siendo la papelera desmantelada. Ésa es nuestra posición”.

Si bien la corte internacional fue contundente al reconocer la violación del artículo 7 del estatuto firmado por ambos países en 1975, no se pronunció respecto de los cortes de rutas que se realizan en Gualeguaychú desde enero de 2006. Tras el fallo, Uruguay espera el gobierno argentino muestre firmeza para desautorizar el bloqueo del Puente General San Martín.

Desde la asamblea se reconoció que “el corte es un tema social que el gobierno tiene que ver cómo desactiva”, tal como aseveró Pouler. Por el momento, dio a conocer que “el corte de ruta continúa así como la organización de la marcha para este domingo 25 de abril”. Por su parte, Rivolier aclaró que mañana se desarrollará “una asamblea preparatoria para lo que va a ser una asamblea ampliada que se realizará a principios de mayo, donde discutiremos sobre las decisiones de fondo”.

La satisfacción de los funcionarios del gobierno argentino por el solo reconocimiento de la violación del Estatuto del Río Uruguay no fue compartida por los asambleístas.

“En Gualeguaychú hubiésemos quedado satisfechos si el tribunal resolvía que Botnia debía relocalizarse”, indicó Rivolier. Más crítico con la reacción oficial fue el asambleísta Pouler, que se quejó de que el gobierno “no interpreta que Gualeguaychú es parte de la Argentina” y concluyó: “Deja mucho que desear”.

Para los gobiernos de la Argentina y Uruguay, el fallo de La Haya abrió la posibilidad de transitar “caminos de entendimiento”, tal como puntualizó el canciller uruguayo, Luis Almagro. Sin embargo, los cortes de ruta constituyen aún una prueba por superar.

Publicado en el diario Crítica de la Argentina.

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